UE-SANIDAD
España logra bloquear la directiva de asistencia médica transfronteriza
España y otros seis países europeos han logrado bloquear el acuerdo sobre la directiva europea para la asistencia médica transfronteriza, según ha anunciado hoy la presidencia sueca de turno de la Unión Europea (UE).
"No hemos logrado alcanzar un acuerdo. Algunos países parecen preferir basarse en las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE en lugar de hacer un acuerdo político para regular este área", declaró el ministro sueco de Sanidad, Göran Hägglund, tras el Consejo de este ámbito celebrado hoy en Bruselas.
España se oponía a la directiva al considerar que supondría un excesivo coste adicional para el sistema público de Salud y que la medida no garantiza la calidad de los servicios sanitarios recibidos en otro país, entre otros motivos.
Este país, junto a Portugal, lideró el rechazo a la directiva desde que fue propuesta por la Comisión Europea (CE) a mediados de 2008, y ambos han logrado conformar una minoría de bloqueo -en la que también se integraron Polonia, Grecia, Rumanía, Lituania y Eslovaquia- en el Consejo de Sanidad de hoy.
La propuesta estaba destinada a eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos. "Habría sido extremadamente importante encontrar un terreno común, pero no lo hemos conseguido", lamentó el ministro sueco.
El principal motivo del rechazo del grupo de países fue la obligación de devolver a sus ciudadanos el coste de la asistencia médica que reciban en servicios públicos y privados en otros países.
Algunos de los Estados miembros que se opusieron cuentan con sistemas sanitarios gratuitos -como es el caso de España- en los que no es necesario pagar por adelantado por la asistencia médica, y la aplicación de la directiva obligaría a "rediseñar" los servicios de Salud nacionales, además de suponer un coste adicional.
España, en particular, considera que la directiva no asegura la calidad y seguridad de la asistencia médica al cubrir también aquellos servicios privados que no estén concertados con los públicos y que "por lo tanto no cuentan con la garantía del Estado", según fuentes diplomáticas de este país.
Pese a que la presidencia sueca "dedicó mucho tiempo a las conversaciones con España y Portugal" y "les ofreció muchos compromisos", no logró convencerles para aceptar la directiva, dijo el ministro sueco.
Hägglund añadió que la presidencia sueca "tenía una línea que no quería traspasar" en las negociaciones, la cual, según dijo, se situaba "en el Tratado de Lisboa y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE".
El ministro sueco se refirió así a varias sentencias de la máxima instancia judicial europea, que establecen que los europeos tienen derecho a obtener el reembolso total o parcial de los tratamientos en centros de otros Estados miembros.
España, como país europeo en el que reside un mayor número de pensionistas comunitarios, sería uno de los Estados miembros más perjudicados de haber salido adelante la directiva.
En particular, supondría un coste adicional de entre el 2% y el 5% del actual presupuesto español de Sanidad, es decir, en torno a unos 2.000 millones de euros, según dijo hoy la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Además, la medida tendría efectos desiguales en el territorio español al afectar especialmente a comunidades autónomas como Baleares, Canarias o Valencia, donde reside un gran número de pensionistas europeos.
El ministro sueco descartó que ésta pudiera ser una razón de peso, ya que, a su juicio, la mayoría de los pensionistas que necesitan asistencia médica prefieren acudir a los servicios sanitarios de su país de origen.