La puerta abierta que deja el anteproyecto de Ley de Economía sostenible para que sea un órgano dependiente del Ministerio de Cultura, y no un juez el que pueda cerrar webs de descargas ha desatado una ola de protestas en la Red.
Usuarios, medios de comunicación y bloggers han suscrito un manifiesto contrario a esta medida que pretende proteger la propiedad intelectual. Exigen que siga siendo un juez, y no un órgano administrativo el que permita el cierre de webs. Recuerdan los firmantes que "los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Advierten además de que la nueva legislación "creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional".