Los internautas, que con sus miles de firmas a través de redes sociales como
Facebook y Twitter están secundando el manifiesto "En defensa de los derechos
fundamentales en internet", han decidido convocar una concentración mañana por
la tarde frente al Ministerio de Cultura.
"Esta podría ser la primera vez que
de verdad se organiza una revolución digital", explica a Efe Iván San Martín,
usuario de internet, bloguero y uno de los creadores del grupo de Facebook en
defensa del manifiesto que este mediodía ya contaba con más de 33.000
miembros.
Los internautas se están comunicando a través de foros de debate,
correos electrónicos y mensajes con diversas asociaciones que al margen del
encuentro "popular" de mañana pretenden "coordinar y organizar una manifestación
muy fuerte para el día 11, con la intención de convocar a un millón de
ciudadanos".
San Martín, residente en Valladolid, afirma que "Facebook es
solo la punta del iceberg del clamor que es la red" puesto que muchos ciudadanos
apoyan el manifiesto desde Tuenti, Twitter, centenares de blogs o páginas que
enlazan al documento, "como demuestra una rápida búsqueda en Google".
Escrito
por cerca de cincuenta blogueros, académicos, periodistas, profesores y
empresarios durante la madrugada del pasado miércoles a través de una
herramienta de Google que permite a varias personas trabajar en línea, el
manifiesto no está firmado, porque "es de todos y de ninguno", asegura el
bloguero, retomando las palabras que cierran el texto. "Somos una masa
social, no tenemos representación y nadie tiene que firmar el manifiesto",
afirma.
Muchos internautas han mostrado su descontento con la reunión que el
colectivo ha tenido con Ángeles González Sinde, en la que, afirma
San Martín, "se ha intentado convencer de las bondades de esa disposición" por
la que "todas las páginas de internet son susceptibles de ser cerradas".
En
contra de las modificaciones que propone el anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible, los internautas reclaman que los derechos de autor no puedan
situarse por encima de los derechos fundamentales y que la suspensión de esos
derechos sea competencia exclusiva de un juez.