La denominada Lei Ómnibus, con la que la Xunta de Galicia pretende adaptar
diversas normativas a la directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo a la
legislación autonómica, superó un primer paso en la Cámara, al no prosperar
la enmienda a la totalidad formulada por el BNG contra el proyecto legislativo.
Tanto populares como socialistas rechazaron la devolución del texto y
abogaron porque siga su tramitación, aunque las versiones en cada grupo respecto
a la normativa es diferente. En opinión del grupo popular, no se puede perder
más tiempo en la transposición de la directiva europea de servicios, tras el
retraso que a su entender ha impuesto el Gobierno central. Así, recordaron que
la fecha límite para la transposición era el 28 de diciembre de este año, por lo
que argumentó el rechazo a la enmienda de los nacionalistas apelando a la
"responsabilidade". "Non é posible retrasar máis a adaptación das nosas leis a
este novo marco", aseveró el diputado popular Antonio Rodríguez Miranda.
Por su parte, el socialista José Manuel Lage Tuñas justificó el voto en
contra a la enmienda a la totalidad señalando que "non se trata de desregular,
senón de regular mellor", de ahí que abogue por iniciar la tramitación del
proyecto legislativo. En todo caso, criticó a la Xunta por "apurar os prazos" y
recurrir al procedimiento de urgencia también con esta normativa. Así, tras
manifestar que el 90% de los proyectos de ley tratados en este periodo de
sesiones se han tramitado por la vía extraordinaria, pidió a los 'Reis Magos'
que el próximo periodo "devolva a tramitación ordinaria" de las leyes.
El portavoz del grupo parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, considera que
la legislación que se pretende aprobar "legaliza o dumping social" y considera
"precipitada" la transposición. "Non sei por que temos que ser os primeiros en
cumprir coa Unión Europea", aunque esto suponga "sacrificar o sector naval,
impoñer unha multa por sobreprodución aos gandeiros galegos ou sacrificar
sectores importantes da nosa economía". Según Aymerich, esta normativa
"perxudicará con graves consecuencias aos servizos públicos, aos traballadores e
tamén aos consumidores galegos", al proponer una "liberalización dos servizos",
algo que no ve óptimo "se ao tempo non se harmonizan as condicións laborais".
LA NORMATIVA
La denominada Lei Ómnibus, sobre los servicios en el mercado interior,
pretende modificar más de 20 normativas autonómicas, tal y como explicó el
conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que hoy compareció en la Cámara
gallega. Los cambios afectan a los servicios, actividades económicas e
industriales que general el 63% del PIB gallego.
El objetivo de la directiva europea es alcanzar un mercado único de servicios
de la Unión Europea. Así, se eliminarán las autorizaciones y trámites
administrativos que no estén justificados por razones de interés general.
También suprimirá otros procedimientos administrativos para los prestadores de
servicios, contribuirá a simplificar los trámites e implicará un refuerzo de los
derechos y la protección de los usuarios de los servicios, según la versión de
la Xunta de Galicia.