El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmaron un protocolo de colaboración para coordinar la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, con el que pretenden agilizar los beneficios de protección para las víctimas que colaboren en la desarticulación de las mafias. En la práctica, esta medida supone hacer operativa la ley de extranjería y facilitar que aquellas mujeres que colaboren con la justicia en las denuncias puedan acceder a un permiso de residencia.
"Trátase de facer operativa a lei naqueles aspectos onde non se daba esa operatividade", explicó Carlos Varela, quien señaló que, en la actualidad, son numerosas las ocasiones en las que las víctimas se desdicen a la hora del juicio o no llegan a comparecer. "Con frecuencia, as vítimas senten terror a denunciar porque supón serios riscos para a súa propia integridade ou a dos seus familiares, e temen ser expulsadas do país europeo no que se atopan", coincidieron en señalar Carlos Varela y Núñez Feijóo.
Con los beneficios de protección que se pondrán en marcha --que incluyen centros de residencia para aquellas víctimas de explotación que quieran colaborar, según explicó Feijóo--, se "fornecerán probas de cargo" para actuar contra las mafias. "Protexer a identidade das vítimas durante as actuacións xudiciais semella ser unha esixencia inescusable", argumentó el fiscal. La aplicación de la ley incluye habilitar un período de reflexión de 30 días y después proceder a regularizar la situación.
"Anteriormente, a maioría dos casos acababan arquivados nun caixón pola imposibilidade de conseguir a testemuña das vítimas", proclamó el presidente de la Xunta, quien incidió en la importancia de que se "sintan seguras". Tanto él como el representante del Ministerio Público resaltaron que la tarea que se proponen "é un proceso complexo que leva tempo" pero también subrayaron que "unha resposta eficaz á trata de persoas pode ter un efecto multiplicador", según afirmó Varela.
"Só desde a decisión inquebrantable e desde a colaboración permanente poderemos avanzar para erradicar esta clase de comportamentos execrables" que suponen una "forma de escravitude moderna", afirmó el presidente gallego, quien avanzó que el objetivo es avanzar no sólo en la cooperación interadministrativa a nivel estatal sino también internacional, "para chegar ao cerne do problema". En este sentido, está ya en marcha un programa de colaboración con organismos portugueses.
GALICIA, "DESTINO FINAL"
Carlos Varela y Alberto Núñez Feijóo indicaron que la Comunidad gallega no es sólo lugar de tránsito para muchas mujeres víctimas de la explotación sexual sino que es también "destino final". Según consta en la última memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Policía Nacional contó entre 2007 y 2008 con 234 mujeres de entre 16 y 40 años que declararon estar sometidas a redes de traficantes.
De las inspecciones policiales realizadas en clubes de alterne de toda Galicia, un alto porcentaje de las mujeres identificadas se encuentra en situación regular por ser ciudadanas comunitarias. De hecho, según informó el fiscal superior, las mujeres de nacionalidad rumana han pasado a ocupar el primer puesto en número de personas identificadas. Le sigue Brasil, que continúa siendo con mucha diferencia el principal país de origen de las mujeres en situación irregular, con más del 70 por ciento. Esto se debe, explicó Varela, al hecho de que Brasil es uno de los pocos países del área suramericana al que no se solicita visado de entrada en la Unión Europea.
NUEVA Y REJUVENECIDA CLIENTELA
El fiscal superior del TSXG aseguró que la presión policial sobre la prostitución en la calle y en los clubes ha motivado un desplazamiento de la actividad de las redes de explotación hacia viviendas alejadas de los lugares públicos. Además, hay una "adaptación" de la oferta de servicios a los "requerimentos dunha nova e rexuvenecida clientela, agora allea aos ambientes marxinais". Esta clientela demanda servicios a través de los contactos fortalecidos por internet y de las secciones de contactos especializadas de los periódicos. Preguntado por la posibilidad de actuar en esos ámbitos, Varela explicó que no se puede "confundir o exercicio da prostitución co feito de que haxa persoas que estean obrigadas a exercela".
Asimismo, Carlos Varela señaló que muchas de las mujeres explotadas consumen su período de tres meses de estancia legal en España trabajando en clubes de alterne y, al pasar a una situación irregular, son trasladadas a viviendas particulares "onde a súa explotación continúa en condicións infrahumanas", obligadas a permanecer disponibles 24 horas al día en condiciones de salubridad e higiene mínimas. "Non poden saír á rúa máis dunha hora ao día e viven amoreadas en cuartos moi pequenos", informó, debiendo facilitar el 50% del pago por sus servicios al "propietario".
El presidente de la Xunta, por su parte, proclamó que la firma del protocolo no debe quedarse en el mero plano formal y avanzó la puesta en marcha de medidas, como la creación de grupos de trabajo en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONGs) y también para el impulso a campañas de concienciación y sensibilización. "A sociedade todavía non o considera un problema propio senón algo lonxano", afirmó en este sentido la secretaria xeral de Igualdade, Marta González.