JUICIO

El fiscal aumenta a siete años la petición de cárcel para el forense asturiano acusado de maltratar a su ex pareja

En sus conclusiones definitivas, el ministerio fiscal ha elevado de cuatro a siete años la petición de pena de prisión para Manuel Jesús R.R, un médico forense –adscrito al Instituto de Medicina Legal de Asturias- encargado de evaluar a víctimas de violencia de género en Luarca y Castropol, por los supuestos malos tratos psicológicos que le infringió a su ex pareja sentimental durante el tiempo que duró su relación, entre octubre de 2001 y abril de 2004. Por su parte, la acusación particular solicitó 11 años de prisión para el procesado.

Además de la pena de cárcel, la fiscalía también pide que se le prohíba al procesado acercarse a la víctima durante un período de diez años, por los supuestos delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y lesiones mentales. Por su parte, la defensa pidió en sus conclusiones la libre absolución del acusado.

El juicio fue reanudado en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Lugo, después de dos suspensiones consecutivas, y quedó visto para sentencia. La vista oral fue aplazada el pasado 18 de diciembre, por la incomparecencia de uno de los testigos de la defensa, y a principios de la pasada semana, porque el temporal de frío, que provocó restricciones en el tráfico aéreo y cubrió de hielo y nieve las carreteras de la provincia de Lugo, impidió la llegada de alguno de los letrados citados.

Su ex pareja interpuso la denuncia por “acoso y malos tratos” el 12 de marzo de 2004 y, según el abogado de la acusación particular, Adolfo Barreda, existe una orden de alejamiento que le impide acercarse a la presunta víctima desde el 15 de junio de ese mismo año. Además, se da la circunstancia de que el procesado ha sido apartado “cautelarmente” de su trabajo “en los supuestos de violencia de género” , explicó su abogada, Consuelo López, lo que ha provocado “un trastorno real” para “la Administración de Justicia en Asturias”, concretamente en la zona de Luarca y Castropol, donde ejerce su profesión.

Según el escrito de acusación, el procesado “hostigaba” a su ex pareja como consecuencia de una relación anterior con otro hombre, por el que le preguntaba “constantemente”. Con una actitud violenta y mediante reiteradas llamadas de teléfono para “controlar todos sus movimientos”, consiguió “un control absoluto sobre ella” e hizo que “se plegara totalmente a su voluntad, menoscabando gravemente la armonía de la pareja y vulnerando el deber de mutuo respeto”.

Aunque la supuesta víctima intentó romper la relación durante el verano de 2002, prosigue el fiscal, el acusado siguió “llamándola por teléfono” y consiguió reanudarla, a pesar de que llegaron a producirse “episodios más graves de hostigamiento”, dado que “la insultaba y la chantajeaba”, amenazando incluso con suicidarse. Según el ministerio público, “en ocasiones iba a verla con dos pistolas” y le decía que iba a “acabar con la anterior pareja sentimental”.

En una ocasión, “llegó a abofetearla, por tomar ansiolíticos”, según el relato de la acusación pública, e incluso se presentó en el trabajo de la joven “y trató de introducirla a la fuerza en el coche”, por lo que ella tuvo que arrojarse del vehículo en marcha. También eran frecuentes, según el fiscal, los mensajes SMS con amenazas y con insultos como “zorra, puta o asquerosa”, así como con expresiones obscenas como: “avísame para volver a consolarte como a ti te gusta”.

El fiscal mantiene, además, que cuando la joven intentó dejar la relación, el acusado siguió acosándola y llegó a efectuar hasta 385 llamadas a su teléfono en un sólo día, además de perseguir el coche en el que viajaba la víctima con su propio vehículo durante al menos 30 kilómetros.

El procesado negó los hechos

El procesado, por su parte, negó en la vista oral los hechos que se le imputan. Reconoció que discutían “como una pareja normal”, pero aseguró que nunca “hubo insultos” entre ellos. Negó que la hubiese amenazado con quitarse la vida, porque al suicidio siempre le tuvo “mucho respeto y distancia”, y afirmó que nunca “tuvo armas”. Según el acusado, la supuesta víctima le pedía “que le diese un hijo” y, de paso, que “le solucionase una dolencia ginecológica que tenía, cuyo tratamiento más efectivo era un embarazo”.

Aunque también reconoció que su relación era “extraña”, porque las crisis “ya no iban de mes en mes, sino de días en días y de horas en horas”, culpó de esta situación al estado psicológico de la denunciante, provocado por la fragilidad de la salud de su padre, el distanciamiento con sus amigos, la mala relación con una de sus ex parejas, su incomodidad en el trabajo y “la mala respuesta” al tratamiento que estaba tomando. Según el acusado, su “relación era uno de los quince o veinte motivos que, según ella, le amargaban la vida”.

Manuel Jesús R.R también dijo que no se “considera un hombre celoso” y afirmó que “nunca” le puso la “mano encima” ni tuvo “un comportamiento ni denigrante ni ofensivo” hacia la víctima. Con respecto a los mensajes que supuestamente le enviaba, también negó ser el autor de la mayoría de ellos y dijo que su ex pareja tenía una habilidad “magistral” para manipularlos mediante el uso de un programa informático.


“Delito contra la administración de justicia”

La letrada de la defensa, Consuelo López, hizo unas contundentes declaraciones antes de entrar en el juicio y, en relación a los colectivos feministas que apoyan a la supuesta víctima, dijo que “hay un grupo de personas que han ocultado una información en sala, que no han sido veraces y que han formado parte de este complot, del que se están lucrando absolutamente todos”. Por ello, también anunció que ella misma y otros letrados de la zona en la que trabaja el forense ejercerán como acusación popular contra la ex pareja del procesado y los peritos de la causa, por un supuesto “delito contra la administración de jusiticia”

La letrada también quiso aclarar que “seis años de dilación en la causa” no han sido debidos “ni a la Administración de Justicia” ni a un retraso premeditado por parte de la defensa. “Han sido ellas, que han manejado los tempos de forma interesada, incluida la denunciante, que ha dejado de comparecer a las pruebas periciales acordadas por el órgano de instrucción, sin ningún tipo de justificación”, precisó.

Además, subrayó que el comportamiento de la mujer tampoco se corresponde con el de una víctima de la violencia de género, porque ha “publicado libros, lucrándose de ello y consiguiendo pingües beneficios por esa denuncia”, además de impartir cursos en la universidad por los que ha percibido un “mínimo de 1.200 a 5.600 euros”. “En mi vida profesional, y van quince años, es la primera vez que veo que una víctima saca tanta rentabilidad de una denuncia”, concluyó la letrada, quien también informó de que la ex pareja del procesado consiguió, por parte de su empresa, “un traslado desde Ribadeo a Madrid”.

“Los hechos no están vinculados con el ejercicio profesional”

Por su parte, el abogado que ejercía como acusación particular reconoció, momentos antes de entrar a la sala de vistas, que “la posible suspensión del ejercicio de la profesión será complicada”, dado que el procesado no cometió los supuestos malos tratos como médico forense. Sin embargo, recordó que la administración debería “cuestionarse el papel que puede ejercer una persona que, estando condenado por violencia de género, está trabajando como médico forense en un juzgado y tratando con mujeres maltratadas. Eso resultaría bastante paradójico”.

Se da la circunstancia de que Manuel Jesús R.R tiene pendiente otra acusación por acoso, a raíz de la cual un juzgado de Gavá (Barcelona) dictó contra él otra orden de alejamiento. También lo denunció una joven de Gijón, aunque este caso fue archivada por orden de la autoridad judicial.