ORDENACIÓN
Los concellos tendrán hasta finales de 2012 para adaptarse al Plan do Litoral
El Plan de Ordenación do Litoral (POL) otorga un periodo de dos años a los municipios gallegos afectados para que se adapten a los criterios contemplados en este documento. De este modo, y si se cumple la previsión de aprobar a finales del año en curso el texto, los 84 concellos costeros dispondrán hasta el final de 2012 para completar esta adaptación.
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, manifestó ayer que el objetivo es llegar al final del periodo con los deberes hechos, por lo que mantendrán conversaciones con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para "establecer prazos razonables" y negociar el procedimiento a seguir.
Se pretende, según explicó Hernández, evitar casos como los ocurridos hasta la fecha, según los cuales se crean normas que establecen plazos y que "logo se olvidan". Para que se cumplan, el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, opina que los dos años pueden ser suficientes para la adaptación de la ordenación urbanística al Plan do Litoral. "É factible, porque é ou pode ser unha adaptación fácil".
No obstante, considera que para ello es necesario que se agilice la tramitación y que los objetivos o requisitos que se impongan a los concellos sean asumibles. "Ímolo propoñer", aseveró, en las reuniones que mantendrán con la Consellería al respecto.
Y aunque es fiel a la filosofía de la Fegamp (de exigir que se pacte con los municipios) que hasta la fecha ha ocasionado una buena relación con la Xunta, el dirigente de la entidad municipalista reclama que se establezcan unas "directrices comúns" para la protección del territorio.
En opinión de Carlos Fernández, no es conveniente levantar el veto a la construcción en la franja de los 500 metros del litoral, porque a su entender esto puede llevar a que "afloren edificios como fungos". Opta, así, por esperar a la entrada en vigor de "unha alternativa" a esta norma. Lo contrario, a su entender, sería "un suicidio".
Sobre este asunto, el conselleiro manifestó que el levantamiento de la prohibición de construir en esa franja se producirá en mayo, fecha en la que está previsto la aprobación inicial del POL. "De aquí a maio ten que dar tempo", aseveró Hernández, quien considera que así se garantizará la protección del medio ambiente.
Por su parte, el director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, presagió que el impacto del POL en los municipios será "menor de lo que se pueda suponer", pues la adaptación será un trabajo de "ajustes menores".
CARENCIAS URBANÍSTICAS
Si uno de los objetivos que se ha marcado la Xunta consiste en cumplir los plazos establecidos en la norma, hasta la fecha han sido constantes los incumplimientos en esta materia, en lo que a ordenación del territorio se refiere.
Como buen ejemplo de ha sido así se encuentran los planeamientos municipales, una asignatura pendiente en una comunidad en la que a fecha de diciembre de 2009, sólo 128 de los 315 municipios gallegos (el 40%) contaba con un Plan General de Ordenación, muchos de ellos más antiguos de lo requerido.
Tanto es así, que únicamente 41 concellos (el 13% del total) disponen de un plan adaptado a la normativa de ordenación urbanística del año 2002, pese a que establecía como límite para diseñar este plan el año 2006.
La situación en los 84 municipios del litoral no es mejor. Y es que son seis los municipios adaptados a tal normativa (Lousame, Laxe, A Pobrado Caramiñal, Paderne, Oleiros y Vigo) y sólo cuatro de ellos (los últimos) lo aprobaron tras la entrada en vigor de la Lei 6/2007, que establece la obligatoriedad de que cualquier plan de ordenación municipal se someta a un informe de sostenibilidad ambiental.
Según indica el Plan do Litoral, existían a finales del pasado ejercicio un total de 13 municipios que bien por acuerdo de la Xunta o bien por sentencia judicial firme tenían el planeamiento suspendido. De estos, nueve se encuentran integrados dentro del ámbito de actuación del POL, como son Sada, Ares y Boiro (A Coruña), el tercio de los municipios costeros de Lugo (Viveiro, Ribadeo y Barreiros) y O Grove, Gondomar y Tomiño (Pontevedra).
MIL HECTÁREAS
Si el Plan de Ordenación Litoral divide en tres áreas la protección, en la de ordenación quedarán disponibles 1.000 hectáreas de terreno que se sitúan por debajo de los 500 metros en los que se podrán llevar a cabo desarrollos urbanísticos una vez se levante el veto a la construcción en esta zona y por tratarse de suelos tipificados como urbanos no consolidados o como urbanizables.
Se trata de un porcentaje muy reducido respecto a las más de 85.000 hectáreas que acapara esa franja de los 500 metros. En todo caso, el plan del litoral gestiona un total de 5.679 hectáreas situadas en el área de ordenación.
Las áreas de protección ambiental y de protección de corredor quedarán cerradas a la construcción, por ser superficie no urbanizable, a ojos del plan litoral. Quedan tipificadas como tal casi 3.000 hectáreas de superficie.
Otra área de protección es la de mejora ambiental y paisajística y, en esta, se aplicarán "criterios restrictivos", aunque no se cierran las puertas por completo a la urbanización de terrenos. Además, previa negociación con los municipios, podrán realizarse algún tipo de desarrollos urbanísticos, siempre que se considere que esta opción es posible. En total, son 3.064 las hectáreas contempladas en esta área de mejora, de los cuales 1.182 se sitúan dentro de la franja que hasta mayor delimitará las prohibiciones de los 500 metros.
El director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, explicó que dentro de estos criterios generales, existen excepciones, y aludió a algunos casos dentro o fuera de los 500 metros que se podrán permitir o no desarrollos urbanísticos por las propias características del terreno y por su relación con los núcleos urbanos de la zona. En todo caso, si manifestó que un criterio que se mantendrá es el rechazo a urbanizaciones apartadas. "En ningún caso serán urbanizaciones aisladas", manifestó, para defender la "continuidad de los núcleos".
Admitió, en todo caso, que si bien el POL establece unos criterios generales para cada una de las franjas de protección establecidas, existirán posibilidades que requerirán "ir estudiando caso a caso", dada la disparidad de situaciones que se pueden encontrar por el territorio gallegos afectados por este plan litoral.
"NON HAI CONTRADICIÓN"
El titular de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, no ve contradicción —como lo acusaron el pasado lunes socialistas y nacionalistas— entre la protección de la costa y permitir la puesta en marcha en ella de piscifactorías, tal y como explicó ayer en un encuentro con los medios de comunicación sobre el Plan do Litoral.
Preguntado sobre este asunto, apuntó que "non hai ningunha contradición". Así, aconsejó a los grupos de la oposición que se informen al respecto y que "lean informes da Unión Europea", que determinan que la existencia de un "valor non impide actuacións se teñen os informes correspondentes".
Así, Hernández justifica que se puede aceptar una instalación acuícola en determinados lugares siempre que esté acreditado que es "respectuosa" con el territorio y supere los trámites ambientales que sean pertinentes.
"Que o litoral teña un valor non debe impedir que se poidan facer actividades ligadas a ese litoral como son as piscifactorías", zanjó Agustín Hernández, en respuesta a PSdeG y BNG, que consideraron contradictorio que la Xunta hable de protección ambiental cuando existe una decisión para abrir el Cabo Touriñán a una instalación acuícola, proyecto que fue paralizado durante la legislatura del Gobierno bipartito para proteger esta zona del litoral gallego.