Los jueces de paz gallegos denuncian instalaciones "precarias" y salarios "irrisorios" que impiden profesionalizar este oficio

La Xunta estudia retirar los registros civiles a aquellos concellos que lo tengan en estado de abandono

Salarios ridículos, instalaciones deficientes, falta de formación o escaso reconocimiento social son algunas de las demandas de los 261 jueces de paz que trabajan en la comunidad, un trabajo desconocido para algunos, pero que resulta imprescindible para evitar que la justicia ordinaria acabe saturada. La última voz de alarma proviene del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En su memoria anual advierte de que muchos libros de Registro Civil -una de las funciones del Juzgado de Paz, en los que se anotan los nacimientos o las defunciones de cada municipio- se encuentran "al límite de su destrucción". Esta denuncia, proviniente del máximo órgano judicial de la Comunidad, coincide con la postura adoptada por la Xunta en los últimos meses. En concreto, la Administración autonómica ultima un anteproyecto de ley que permitirá retirar el Registro Civil a aquellos concellos donde, ya en la actualidad, está en peligro la supervivencia de libros imprescindibles en trámites como herencias, o el cobro de pensiones. El juez de paz de Crecente (Pontevedra), Román Iglesias, es a su vez presidente de la asociación provincial de jueces de paz. Habla en nombre de un colectivo heterogéneo, pero con algo en común: ninguno de ellos vive de su trabajo. Los que no están jubilados -como Román- compatibilizan esta ocupación con otro trabajo en el ámbito privado, o bien como trabajadores autónomos. Con un sueldo que en la mayoría de los casos no llega a los 120 euros, los jueces de paz realizan su trabajo más por vocación que por afán lucrativo. "Es una cantidad irrisoria, ni tan siquiera cotizamos a la Seguridad Social", mantiene Iglesias, quien prefiere utilizar el término "remuneración", pese a que oficialmente se trata de una indemnización que otorga el Ministerio de Justicia. Montserrat García, jueza de paz en la localidad coruñesa de As Pontes, denuncia que muchos de estos tribunales se encuentran en una situación "precaria", emplazados en sótanos, trasteros o debajo de una escalera. "Algúns non teñen fax, e o teléfono está compartido co do Concello", asegura Montserrat, recordando que hay juzgados que carecen del número suficiente de sillas para mantener a todas los asistentes sentados. En otros, ni tan siquiera existe una sala para celebrar las vistas. Esta precariedad afecta sobre todo a los concellos pequeños, que se tienen que hacer cargo de los gastos derivados de luz, limpieza o correspondencia, y que "en muchas ocasiones no puede atender debidamente", insiste la memoria del TSXG. Asímismo, este informe advierte sobre la dificultad de "encontrar personas idóneas" para desempeñar este cargo. Imprescindibles Sin los 261 juzgados de paz existentes en Galicia, la justicia ordinaria se encontraría prácticamente colapsada. Además de hacerse cargo del Registro Civil, también tienen competencias para realizar juicios de faltas y actos de conciliación, evitando que vayan a parar a los juzgados de instrucción. Como ejemplo, el Juzgado de Paz de As Pontes celebra 60 conciliaciones cada año, y en un 80 por ciento de los casos se llega a un acuerdo entre las partes que evita el pleito, ahorrando un gasto innecesario para los litigantes y para la Administración. Todo esto, con el inconveniente de intentar hacer justicia sobre gente conocida "coa que coincidimos na panadería ou na rúa", mantiene Montserrat García. El propio TSXG reconoce que muchos jueces de paz, sobre todo en localidades de menor tamaño, tienen que hacer frente a cuestiones "que afectan a sus convecinos y amigos de siempre", lo que está provocando renuncias por parte de los jueces. No obstante, el trato directo con las partes también ayuda a solucionar disputas relacionadas con insultos, amenazas, perturbación del orden o los típicos conflictos de lindes, tan frecuentes en Galicia. Con 71 juzgados, Ourense es la provincia que cuenta con mayor dotación de toda la comunidad. Por detrás, 71 tribunales se localizan en A Coruña, 57 en Lugo y 50 en Pontevedra. Xunta Vista esta situación, representantes de las asociaciones provinciales de A Coruña y Pontevedra -en Lugo y Ourense no existen todavía organizaciones que los agrupen- vienen manteniendo reuniones con representantes de la Consellería de Presidencia, departamento autonómico competente en materia de justicia. Uno de los compromisos arrancados de la Xunta es el de otorgar subvenciones a los concellos que quieran mejorar las instalaciones de los juzgados. Sin embargo, los planes de la Administración autonómica van más allá de un simple lavado de cara, de ahí que el Gobierno gallego esté preparando un anteproyecto de ley que actuará contra aquellos concellos que tengan abandonados sus respectivos registros civiles. En los casos más graves, el municipio podría perder el Registro Civil, que iría a parar a otro concello de mayor tamaño. Esta reagrupación de servicios garantizaría, según la Xunta, la supervivencia de un instrumento vital a la hora de llevar a cabo trámites administrativos. Y es que el Registro Civil "es la vida del pueblo", admite Román Rodríguez, pese a que en muchos ayuntamientos gallegos ocupen un lugar nada privilegiado.