El presidente del Consello da Cultura Galega (CCG), Ramón Villares, confió hen que la Xunta tenga en cuenta las recomendaciones que realiza esta institucion. Villares se pronunció así después de presentar, en rueda de prensa, el dictamen sobre las "Bases para la elaboración del decreto del plurilingüismo", aprobado en el plenario del CCG, acompañado por el coordinador de la comisión que lo redactó, Henrique Monteagudo.
El Consello aconseja a la Xunta que no adopte decisiones "unilaterales" sobre el uso de lenguas oficiales en la Comunidad y aboga por consensuar, en el marco parlamentario, un modelo "flexible" que garantice la "igualdad plena" del gallego y el castellano.
"Hacemos el dictamen con la esperanza de que sea considerado, lógicamente, por las autoridades competentes", dijo Villares, quien insistió en que la función de esta institución es detallar su opinión cuando se le pide y no "decirle al Gobierno lo que tiene que hacer". En todo caso, prosiguió: "Cuanto más caso nos hagan mejor irá todo".
El presidente del CCG argumentó que el dictamen se centra en aspectos sociolingüísticos y pedagógicos, y no jurídicos, y recoge "muchos aspectos" del decreto vigente. Tras insistir en la necesidad de que una comisión parlamentaria consensúe un modelo flexible pero que garantice la igualdad plena del gallego y del castellano, Villares consideró que "no se pueden hacer muchas mudanzas constantemente" ni "tratar igual a los desiguales".
Por ello se mostró partidario de pactar la norma "a cubierto de los vaivenes de los humores políticos", insistió el presidente del CCG en alusión a los cambios normativos sobre la lengua. Tras evitar pronunciarse sobre el actual decreto porque no se le pidió un informe, Villares destacó que el dictamen del CCG sobre el borrador pretende ser constructivo.
En opinión de Monteagudo, de no producirse una modificación de las bases podrá haber "trastornos" porque se trata de cambios de "mucho alcance en un plazo de tiempo muy breve", dijo tras advertir de su eventual conversión en una "fuente de conflictividad".
Preguntados por el alegato de la Xunta al justificar estas bases porque sus planteamientos aparecían recogidos en el programa electoral que votaron mayoritariamente los gallegos, Monteagudo dijo que "también venía que la norma tenía que ser consensuada".