CONSEJO POLÍTICA FISCAL

Currás pone a Galicia "como ejemplo de austeridad"

Gobierno y CCAA debaten esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) qué medidas adoptar para que los Ejecutivos autonómicos se sumen al plan de austeridad del Estado, que prevé un ahorro de 50.000 millones hasta 2013, de los que 10.000 corresponderían a las administraciones territoriales.

A su llegada al encuentro, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha puesto a Galicia como "ejemplo de austeridad", tanto en la ejecución del presupuesto de 2009, como en el planteamiento de las cuentas para este año. Según Fernández Currás, Galicia es "de las pocas" Comunidades que han cumplido la estabilidad presupuestaria en el presupuesto ejecutado de 2009, y lo han conseguido mediante la contención de gastos de funcionamiento, la rebaja de sueldos y, "en general, una moderación en las cuentas públicas".

Para la conselleira gallega, las medidas concretas le corresponde plantearlas al Gobierno, "porque son quienes tienen que coordinar y quienes gobiernan". La responsable gallega de Hacienda también ha aclarado que las Comunidades gobernadas por el PP no han fijado de antemano una posición común, porque "cada consejero es libre de escuchar y decidir" según su situación.

MÁS AJUSTES

A esta cita, las comunidades acudirán con los "deberes hechos" al haberse ya "apretado el cinturón" y adoptado medidas de control del gasto, aunque se muestran dispuestas a negociar más ajustes con el Gobierno, según han manifestado recientemente a Efe responsables autonómicos.

En la reunión se abordará el documento que el Ministerio de Economía remitió a las comunidades a principios de febrero para que se sumen al plan de austeridad que prevé recortar el gasto en 50.000 millones de euros hasta 2013, de los que 10.000 corresponderían a las autonomías y a los entes locales.

"Propuesta de acuerdo marco con las CCAA sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013" es el nombre de ese documento que, además de reducir el déficit, propone austeridad en las retribuciones, restricción de las ofertas de empleo público, racionalización de las estructuras de las administraciones y medidas de lucha contra el absentismo de los funcionarios, entre otras.

El documento recuerda que el esfuerzo debe concretarse en una reducción del déficit del conjunto de las administraciones a fin de llegar al 3 por ciento del PIB en 2013 repartido de la siguiente forma: un -1,9 por ciento para la Administración central, un -1,1 por ciento para las autonomías, un -0,2 para las entidades locales y un +0,2 para la Seguridad Social.

Entre las comunidades del PP, Madrid ya ha anunciado que aceptará la propuesta sobre el déficit y ha recordado que ya ha reducido el sueldo de sus altos cargos en un 2 por ciento, ha restringido la oferta de empleo y ha suprimido cinco consejerías y veintidós direcciones generales.

Considera el Gobierno de Esperanza Aguirre que el "rigor" que aplica en sus cuentas públicas y su "fiel compromiso" con la estabilidad presupuestaria contribuyen al menor crecimiento de la deuda autonómica.

Desde la Comunidad Valenciana no se ha querido opinar sobre el documento, pero su Gobierno subraya que ha puesto en marcha un plan de austeridad para ahorrar 308 millones de euros con medidas como la desaparición de nueve fundaciones y la absorción o fusión de seis empresas públicas.

Galicia cree que se anticipó al Gobierno y ya en abril de 2009 acordó reducir a la mitad el número de altos cargos y en un 25% el de consejerías, a la vez que ha disminuido en un 20% los gastos corrientes y bajado un 3% los salarios de sus dirigentes.

Por parte de las comunidades socialistas, Andalucía ha calificado de "lógicos, necesarios y correctos" los planteamientos de Economía, que están en "sintonía" con su estrategia regional para la salida de la crisis.
Castilla-La Mancha ha recordado que ahorrará 415 millones con la reducción del gasto corriente y de personal en todas las áreas, excepto en educación, sanidad y bienestar social.

La Junta de Extremadura es consciente de que "no puede pagar" la actual estructura de su administración y, por ello, ha acordado un plan de ajuste de personal que, en una primera fase, suprimió catorce direcciones generales para fusionarse en seis.

Aragón ha expresado su buena disposición ante las medidas propuestas por Economía y ha recordado que siempre ha sido una comunidad "cumplidora", al igual que Asturias, cuyo Ejecutivo dice que "ha hecho bien los deberes" y que su administración es "tremendamente austera", con los salarios "más bajos de España", incluido el de su presidente.