El conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, defendió hoy la actuación de su departamento nada más tener conocimiento de la llamada 'operación Retablo' contra una presunta trama de corrupción que implica a técnicos de Patrimonio de la Xunta y de la S.A. de Xestión do Xacobeo. "Desde que se tivo coñecemento, déronse instruccións precisas para que as persoas imputadas fosen afastadas e non participasen en ningún proceso de contratación ou adxudicación", aseguró en el pleno de la Cámara, donde añadió que no se ha podido abrir expediente sancionador disciplinario contra ellas porque todavía no hay sentencia firme.
Varela respondió esta tarde a una interpelación de la diputada del PSdeG María Quintas, quien se interesó por la depuración de responsabilidades aplicada desde la Xunta y se hizo eco de que muchos de los nombres que aparecen en las grabaciones del sumario judicial abierto -en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela- son de personas vinculadas al PP.
Frente a esto, el conselleiro de Cultura e Turismo incidió en que los hechos que se investigan tuvieron lugar entre los años 2006 y 2008. "E non fai falta ser historiador para saber quen gobernaba nese momento", apostilló Varela, quien recordó que no había recibido información al respecto durante el traspaso de poderes. Así, apuntó que, desde que la anterior consellería tuvo noticia de las "irregularidades" -en octubre de 2007- hasta que fue trasladada la documentación a la fiscalía -a comienzos de 2009- pasaron "un ano e cinco meses nos que descoñecemos por que non se deu conta do sucedido ao fiscal".
En las primeras acusaciones de las que se tuvo constancia se apuntaba a las supuestas irregularidades de un técnico de Patrimonio de la Xunta, que fue "removido do seu cargo" según indicó la diputada nacionalista Carme Adán. Posteriormente, fueron imputados en la investigación -ya en enero de este año- dos personas más: un funcionario de la Consellería de Cultura y un técnico de la S.A. de Xestión do Xacobeo. Ambos, según indicó hoy Varela, fueron apartados de sus funciones de manera inmediata.
Frente a esto, Carme Adán defendió que fue el anterior departamento autonómico quien "destapou" el caso y justificó la lentitud en el traslado a la Fiscalía por la necesidad de llevar a cabo una investigación administrativa. "A Administración non foi en ningún caso pasiva ante os indicios", justificó la diputada del BNG, quien sí abogó por dar más transparencia a los procedimientos de contratación en la Xunta.
Por su parte, el diputado del PPdeG Ignacio López Chaves consideró "absurdo" que tanto PSdeG como BNG pidan ahora "responsabilidades" por unos hechos que tuvieron lugar "cando gobernaban PSdeG e BNG". "El bipartito fue una fiesta, miraron para otro lado", recriminó el parlamentario popular, en una intervención gallego-castellano que fue reprochada una vez más desde las bancadas nacionalistas.
Los integrantes de la trama se habrían lucrado con la restauración del patrimonio artístico en las provincias de Ourense y Pontevedra entre los años 2003 y 2009. Hay media docena de empresas imputadas, así como varios cargos eclesiásticos --entre los que se apunta al obispo de Tui, Diéguez Reboredo-- y tres funcionarios de la Xunta, suspendidos de sus funciones.