Los representantes de Educación de los sindicatos CIG, CC.OO., UGT y ANPE se levantaron de la Mesa Sectorial convocada para analizar el anteproyecto del decreto del plurilingüismo de la Xunta ante la "actitude antinegociadora" de la Consellería de Educación y por considerar la convocatoria "unha farsa", habida cuenta que el texto ya ha sido remitido al Consello Escolar y que ayer finalizó el plazo de presentación de enmiendas al mismo. Por su parte, el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, mostró su "respecto" por las discrepancias sindicales pero los acusó de "preferir estar en folgas e manifestacións preventivas que nun marco de negociación".
En el encuentro de esta mañana sólo permaneció hasta el final el sindicato Anpe que, con todo, discrepa respecto a dos puntos clave de la propuesta autonómica: la posibilidad de los alumnos usen la lengua oficial que prefieran para sus manifestaciones orales o escritas, y la potestad que se concede a los padres para decidir sobre los currículos educativos.
La reunión, que se prolongó durante una hora y media, no registró avances y, a su conclusión, el secretario xeral de Política Lingüística se limitó a señalar que el proyecto está "bastante maduro e perfilado". Lorenzo aseguró que la Xunta había "incorporado diferentes elementos a partir dos principios" recogidos en las bases presentadas el 30 de diciembre y defendió que su departamento "ten vontade negociadora" y lo ha demostrado con reuniones desde diciembre. Frente a esto, los sindicatos calificaron dichos encuentros no de negociación sino de "rolda de reunións informativas" en las que la Consellería de Educación "oiu pero non escoitou".
El responsable de Política Lingüística descartó pronunciarse sobre la posibilidad de incorporar nuevas modificaciones al texto, que ahora deberá pasar por el Consello Escolar y por el Consello Consultivo antes de ser aprobado definitivamente. Preguntado por el escaso margen que queda para convocar la consulta a los padres prevista --que, según recoge el anteproyecto, deberá realizarse antes del curso escolar 2010-2011--, Anxo Lorenzo tampoco se pronunció. "Haberá que velo cando o decreto esté aprobado", sentenció, recordando que la consulta se regulará a través de una orden que deberá desarrollarse una vez que el decreto esté aprobado.
Por parte de los sindicatos se apuntó la posibilidad de recurrir a la vía judicial para frenar el decreto, ya que la propuesta va en contra de puntos que se recogen en el Estatuto y la Lei Xeral de Normalización Lingüística de Galicia (LXNLG), donde se habla de "progresividade" en el uso del gallego. Aunque todavía no hay nada avanzado, en espera de informar a la comunidad educativa, no descartan la convocatoria de una nueva huelga en la enseñanza.
"CUMPRIR A LEI, NON A NORMA"
Preguntados por los llamamientos a la "insumisión" del profesorado contra el decreto, coincidieron en que no se trata de eso sino de cumplir lo que reflejan normas de categoría superior, como el Estatuto o la LXNLG. "A única insumisa neste momento é a Consellería de Educación e o Goberno de Feijóo", afirmó el secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao; mientras que José Fuentes (CC.OO.) exhortó al profesorado "a que cumpra a lei e non cumpra a norma". Marcelino Brea, de UGT, mostró su convencimiento de que el decreto "vai caer polo seu propio peso"; y Xosé Cabido (STEG) señaló que "a norma vai nacer morta na súa aplicación".
En declaraciones posteriores al abandono, Anxo Louzao calificó el de hoy como "día negro para o noso idioma" y criticó la "vontade contraria á normalización lingüística" de la Xunta, a quienes censuró su postura "inmovilista". "Hai unha involución de 30 anos", lamentó el sindicalista, quien recordó que ninguno de los anteriores decretos --de 1983, 1995 y 2007-- recogía elementos antipedagógicos como dar potestad a los padres para elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos o dejar a la voluntad de los alumnos usar la lengua que prefieran.
Louzao coincidió con los otros representantes sindicales en la "falsedade" de hablar de un equilibrio entre gallego y castellano, ya que el punto de partida de ambas lenguas no es el mismo sino que existe una situación de desventaja para el gallego. Por lo tanto, y aplicando lo que recoge el Estatuto de Autonomía, es necesario que haya una "potenciación e normalización" del gallego.
Los cuatro sindicatos lamentaron también que el anteproyecto de decreto elimine la palabra normalización. "Parece un tabú, algo que mete medo a esta consellería", señalaron, acusando al departamento que dirige Jesús Vázquez de querer "minusvalorar e erradicar o noso idioma do uso social", según indicó Anxo Louzao.
GALICIA BILINGÜE
José Fuentes, responsable de Ensino Público de CC.OO., lamentó que el documento "non ten máis asociacións que o apoie que Galicia Bilingüe", crítica que expresaron el resto de sindicatos. "É un decreto á medida de Galicia Bilingüe e de Rosa Díez", apuntó Xosé Cabido, de STEG; mientras Anxo Louzao recordó que la asociación que encabeza Gloria Lago se ha mostrado de acuerdo con el texto porque el equilibrio --irreal-- los beneficia y es el "principio da fin da normalización lingüística".
Marcelino Brea, de la Federación de Ensino de UGT, alertó de la conflictividad que la aplicación del nuevo decreto generará en los centros educativos y recordó que los padres ya tienen canales de participación establecidos. "Deixase entrever un problema político e non de ensino", alertó, incidiendo en que la situación de la que se partía sí era de consenso. Por su parte, José Fuentes (CC.OO.) señaló que el equilibrio del que habla el decreto sólo es "matemático" y no "real", por lo que reclamó una "discriminación positiva" hacia la lengua gallega.
Xosé Cabido, del sindicato STEG, lamentó que un decreto "impulsado por unha minoría social" venga a "rachar un consenso histórico" e incidió en que la propuesta "desvaloriza a función docente", ya que el profesor queda desautorizado cuando se deja decidir tanto a padres como a madres o alumnos frente a el. Cabido recordó que no existía ninguna conflictividad con el anterior decreto y calificó a la consellería de ser "absolutamente ignorante en materia educativa", ya que pretenden que alumnos que quizá no reciban noción alguna de gallego en su infancia cursen después asignaturas en dicho idioma.
ANPE
Julio Díaz, el representante del único sindicato que no se levantó de la Mesa Sectorial, Anpe, se mostró satisfecho con algunos puntos del decreto, como el "equilibrio" entre gallego y castellano. Al respecto, censuró que "na lexislatura anterior se fixeron concesións moi importantes do PSdeG ao BNG" y, pese a que mantienen discrepancias con el texto, defendió que "nunca nos levantamos dunha mesa de negociación".
En cuanto a los puntos de divergencia, abogó porque los padres puedan ser consultados pero no porque tengan capacidad de decisión, que debe residir en los claustros educativos o en la Xunta. Respecto a la posibilidad de que los alumnos usen la lengua que prefieran indistintamente, Julio Díaz alertó de que esta situación generará "problemas no día a día dos centros".