Un tribunal de apelaciones de California rechazó el recurso interpuesto por los
abogados de del director Roman Polanski para permitir que el cineasta sea
juzgado en EE.UU. sin comparecer ante la Justicia del país.
La petición ya
había sido desestimada en enero por la Corte Superior del condado de Los
Ángeles, que tiene asignado el caso, y esta segunda sentencia en contra podría
llevar a las autoridades suizas a decidir si finalmente extraditan a Polanski a
EE.UU.
El director está acusado de abusar sexualmente de una menor en Los
Ángeles en 1977, pero el proceso no llegó a cerrarse debido a que Polanski huyó
a Francia en 1978, antes de que se pudiera conocer el veredicto. Desde
entonces el cineasta no volvió a pisar suelo estadounidense, ni siquiera para
recoger su Óscar por "The Pianist" (2002).
El pasado septiembre, la Policía
suiza detuvo al director, quien se encuentra desde entonces bajo arresto
domiciliario en el país alpino cuyas autoridades habían informado que no iban a
tomar ninguna decisión sobre la extradición del director al menos hasta que no
se supiera el resultado de la apelación hoy rechazada.
El mismo tribunal de
apelaciones tampoco tomó en consideración horas antes la solicitud de Samantha
Geimer, la víctima de Polanski, para que se desestime el caso.
Geimer, que en
1997 perdonó públicamente a Polanski, ya había pedido en enero del año pasado
que se cerrara la causa contra el director.
La víctima, ahora casada, madre
de tres hijos y residente en Hawai, ha demostrado en varias ocasiones estar
cansada de este proceso y ha dicho que quiere poner fin a ese capítulo en su
vida.
En 1993, Polanski y Geimer llegaron a un acuerdo extrajudicial por el
que, según la prensa estadounidense, el director acordó indemnizarle con, al
menos, medio millón de dólares.
Los abogados de Polanski han intentado
repetidas veces que la Corte Superior del condado de Los Ángeles ponga fin al
caso alegando fallos procesales.
La defensa sostiene que el documental "Roman
Polanski: Wanted and Desired" (2008) mostró una presunta falta de
profesionalidad de los implicados en la administración de la justicia y arrojó
dudas sobre la validez del procesamiento del director de cine.