SUCESOS
La Fiscalía pide casi dos años de prisión y 8 de inhabilitación para el alcalde de Rianxo por un supuesto delito urbanístico
La Fiscalía pedirá casi dos años de prisión (23 meses) y 8 años de inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos para el alcade de Rianxo, Pedro Piñeira, por un supuesto delito urbanístico, así como la demolición de la obra, según han indicado fuentes de este organismo. Asimismo, el fiscal solicita para el empresario encargado de la obra una pena de un año y tres meses de prisión y una multa de en torno a 19.440 euros.
En esta misma línea, la Fiscalía pide un año y dos meses de prisión, además de una inhabilitación especial de ocho años, para varios concejales de este municipio coruñés. Concretamente, la petición afecta a María Resua, José Vicente Figueiro, Jesús Piñeiro y Santiago Fernández.
La supuesta obra ilícita está edificada en una parcela de 5.880 metros cuadrados de superficie en el lugar de Sereda, en la parroqia de Santa María de Asados, Rianxo. Se trata de una nave industrial de 1.116 metros cuadrados, utilizada para la talla y pulido de piedra.
"PLENAMENTE CONCIENTE" DEL DELITO
Según la ley del suelo vigente en el momento de su construcción, el planteamiento municipal del Concello de Rianxo catalogaba esta finca como suelo no urbanizable de protección normal, siendo las únicas edificaciones autorizables las viviendas unifamiliares y agropecuarias que ocuparan un máximo del 15 por ciento de la superficie.
Según el escrito del fiscal, el alcalde era "plenamente consciente de ello" y, "puestos de acuerdo" con el propietario y constructor de la nave, él y los concejales imputados votaron a favor de la concesión, en el pleno municipal del 19 de octubre del año 2000.
El pretexto legal fue vincular la extracción de piedra en la propia explotación, encuadrando así la nave como una construcción que guardaba relación con la explotación de los recursos materiales. Sin embargo, dicha extracción no estaba ni autorizada ni prevista por los organismos competentes.
Además, el dueño de la nave nunca llegó a realizar dicha actividad, pese a permanecer esta abierta, por lo menos, hasta el 2008. Así, el fiscal indica que "ni siquiera se molestó" en pedir los permisos necesarios y subraya que la construcción se inició antes de la concesión de la licencia.
ADVERTENCIAS DE LA XUNTA
Previamente al mencionado pleno municipal, la Xunta de Galicia había ya denegado la concesión de la misma, al entener que la construcción de un aserradero de piedra y pulido no se trataba de un fin de interés general y que no tenía ninguna necesidad de emplazamiento especial.
Según apunta la Fiscalía, el alcalde "desoyó" un requerimiento de la Xunta del 25 de octubre del 2000, para que suspendiese la licencia concedida, , justificando que las obras estaban amparadas por dicha licencia, pese a que "conta documentalmente y que de tal constancia tuvo pleno conocimiento el alcalde, dos días antes de la resolución ilegal".
El 28 de febrero del 2003, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de A Coruña dictó una sentencia, por la que se anulaba la licencia concedida; sentencia ratificada por otra del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 28 de septiembre de 2006. Sin embargo, la Fiscalía señala que todavía no consta ninguna acción destinada a cumplir estas sentencias.