El BNG registrará en el Parlamento de Galicia una Proposición no de Ley en
contra de la instalación del conocido como "Embalse del Navia", que anegaría
1.065 kilómetros cuadrados de la localidad asturiana de San Antolín de Ibias y
de los municipios lucenses de Navia de Suarna y A Fonsagrada.
Esta iniciativa la avanzó el parlamentario nacionalista por Lugo,
Fernando Blanco, una vez que la sociedad "Saltos del Navia", -participada por
Hidroeléctrica del Cantábrico y Eléctrica del Viesgo-, hubiese recuperado,
recientemente, una concesión de 1952 para conseguir la declaración de impacto
medioambiental para esta infraestructura hidráulica.
El proyecto plantea una presa con una cota de 286 metros, una capacidad de
almacenamiento de 123 hectómetros cúbicos y una cuenca aprovechada de 1.065
kilómetros cuadrados entre los Ancares gallegos y el límite con Asturias. La
central hidroeléctrica se situaría en la margen izquierda del río Suarna en
terrenos de Fonsagrada, en Lugo.
La información relativa al proyecto del Salto de Suarna, que supondría el
cuarto embalse del río Navia -después de Arbón, Doiras y Salime-, se encuentra
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Oviedo, donde
pueden presentarse alegaciones o reclamaciones hasta el día 1 de mayo.
Blanco resaltó, además, que de consumarse esta obra afectaría a zonas de Red
Natura, para poner en marcha un embalse, que, dijo, "no necesita el país, porque
en el año 2013, "el 100% de la energía eléctrica consumida en Galicia, procederá
de fuentes renovables".
"Hay un nuevo modelo energético -dijo-, y lo que no puede ser es que empresas
de fuera de este país vengan a explotar los recursos naturales, destrozar
nuestro medio ambiente y lleva los impuestos y los beneficios a otro lado".
Por todo ello, el BNG presentará una Proposición no de Ley para que el
Parlamento gallego acuerde manifestarse "en contra" del embalse de Suarna. También pretende que, en el uso de sus competencias medioambientales, el
Parlamento presente alegaciones contrarias al estudio de impacto ambiental y que
se reclame al Gobierno Central la "anulación definitiva, de esta concesión de
aprovechamiento hidroeléctrico, que data de 1952, renovada en 1963.