La Comisión Europea decidió denunciar a España ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (UE) por no haber implantado sistemas adecuados de
depuración de aguas residuales en 38 ciudades, entre ellas Santiago de
Compostela y A Coruña.
Una directiva europea de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas fijó como plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para poner en marcha
los sistemas adecuados de recogida y depuración de las aguas residuales urbanas
en ciudades de más de 15.000 habitantes.
A Coruña, Santiago, Gijón y Benicarló (Valencia) figuran entre las 38
ciudades españolas que siguen infringiendo esa normativa europea.
Italia también ha sido denunciada por la Comisión Europea ya que en ese país
hay hasta 178 ciudades sin un mecanismo adecuado de recogida y depuración de
aguas residuales.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, consideró
"inadmisible" que hayan transcurrido más de ocho años desde el vencimiento del
plazo que Italia y España tenían para cumplimiento a esta normativa "tan
importante", según se indica en un comunicado. "Las aguas residuales urbanas no depuradas constituyen un peligro para la
salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e
interiores", añadió Potocnik.
La Comisión que considera que, al no ser depuradas, las aguas residuales
urbanas pueden estar contaminadas por bacterias y virus nocivos, lo que puede
suponer un riesgo para la salud pública.
Asimismo la CE resalta que estas aguas residuales contienen nutrientes, como
nitrógeno y fósforo, que pueden dañar las aguas dulces y el medio marino al
favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras normas de vida
(eutrofización).
La Comisión Europea ha decidido denunciar a ambos países después de que en el
año 2004 les enviase una primera carta de apercibimiento. En diciembre de 2008, España recibió el dictámen motivado (el segundo paso
del procedimiento de infracción comunitario), mientras que Italia lo recibió en
febrero de 2009.