Las menores de 16 y 17 años que argumenten violencia familiar podrán abortar sin
informar a sus padres, según el borrador del desarrollo reglamentario de la
nueva Ley, que, asimismo, permite a los médicos pedir un informe a un psicólogo
o trabajador social que certifique la versión de la joven.
Esto ayudaría al
facultativo a decidir si autoriza el aborto sin el conocimiento de los padres de
la menor, lo que, para la Organización Médico Colegial (OMC) podría generar
"inseguridad jurídica" al colectivo que será "responsable" último de la
decisión.
Hoy se han dado a conocer detalles del borrador del desarrollo
reglamentario de la nueva Ley del Aborto que se presentará en el Consejo
Interterritorial de Salud del próximo lunes, para pasar después por el Consejo
de Estado, y ser aprobado finalmente en el Consejo de Ministros, como Real
Decreto, antes del 5 de julio.
La ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez, ha informado de que las jóvenes que decidan poner fin a su
gestación acudirán al centro sanitario, por "regla general", acompañadas de sus
padres o tutores legales.
En el caso de que esto no ocurra, y la menor afirme
que tiene "miedo o temor a sufrir violencia familiar, coacciones o algún tipo de
presión que pueda torcer su voluntad", será el médico quien autorice la
interrupción del embarazo sin que lo sepan sus padres.
"El médico tiene que
evaluar las circunstancias que la joven le está planteando", ha comentado
Jiménez, quien ha dicho que si éste tiene dudas puede solicitar "el informe de
un psicólogo o a un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir
sobre la menor".
La ministra ha considerado que con esta medida "se mantiene
el espíritu" de lo aprobado en la Ley, cuyo texto sostiene que las jóvenes serán
quienes tomen la decisión pero informando a los padres salvo en casos
excepcionales de posible maltrato o coacción.
Si las chicas no quieren acudir
a la clínica abortista con sus progenitores o con su representante legal podrán
presentar una carta firmada por alguno de ellos o bien entregar un documento de
identidad que acredite que son conocedores de los hechos.
Otra novedad
anunciada por la ministra es que serán los profesionales sanitarios de la
Enfermería los que impartan la educación sexual en los centros educativos, como
plantea la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
El objetivo de
este proyecto es que disminuyan los embarazos no deseados y que se reduzca así
el número de abortos, que en 2008 ascendieron a 115.812.
La OMC, para la que
esta nueva ley es innecesaria, ha criticado que "cuando una menor diga que
informar a sus padres podría causarle problemas, la responsabilidad de aceptar o
no el aborto será del médico, y eso no debería ser así", porque la función de
los médicos debería ser la de "mediar" entre los padres y la afectada.
Y en
el caso específico de que la joven alegue violencia familiar, ha precisado el
presidente de la OMC, Marcos Gómez, el médico también debería hacer de mediador
y con la ayuda de un psicólogo "romper la conspiración del silencio" para "que
todo el mundo sepa lo que hay". No obstante, ha reconocido, "si en último
término la joven se niega a informar a los padres, al médico siempre le cabe la
objeción de conciencia".
Por su parte, desde la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) han considerado que lo
conocido hoy en relación a las menores es "un paso adelante", desde el punto de
vista jurídico.
En este sentido, su portavoz, Empar Pineda, ha indicado que
si la menor "presenta argumentos fehacientes, no hay por qué ponerle más trabas
y más dificultades".
Sin embargo, el Foro de la Familia ha presentado en
Sevilla su campaña contra esta Ley y ha denunciado el "adoctrinamiento
ideológico" del Estado en materia de educación sexual.