El ex concejal de Urbanismo de Gondomar, Alejandro Gómez, negó que
tuviese relación alguna con los supuestos cobros de sobornos a cambio de favores
urbanísticos en el municipio. De esta manera, Gómez contradijo las
declaraciones del que fue su compañero de corporación, José Luis Mosquera, quien
volvió a implicarle en la operación, e incluso reveló que el dinero recaudado se
iba a destinar a financiar la próxima campaña en las municipales.
Durante la
segunda sesión del juicio por presuntos delitos de sobornos, José Luis Mosquera
continuó su declaración y afirmó que ni el PP, ni el por entonces alcalde Carlos
Silva, ni la candidatura independiente Move Nigrán, a la que supuestamente
querían beneficiar con parte del dinero recaudado, tenían constancia de lo que
estaba ocurriendo. Sucede que la operación, según el relato de Mosquera, se
realizaba de acuerdo con el ex concejal de Urbanismo a fin de recaudar fondos
para las elecciones municipales.
Alejandro Gómez negó con rotundidad estas
afirmaciones y llegó a afirmar que su relación con Mosquera era estrictamente
profesional, ello a pesar de que el fiscal mantiene la existencia de grabaciones
en las que los dos concejales mantenían conversaciones con el arquitecto vigués
Borja Ramilo, uno de los implicados en el caso.
El concejal del PP fue
rotundo al indicar que no sabía lo que estaba haciendo el responsable municipal
de Cultura, y que en ningún momento estuvo informado de las reuniones que podría
mantener con empresarios y con el arquitecto vigués.
En su declaración, la ex
novia del edil de Cultura, Belén Fernández, manifestó que no sabía nada de la
supuesta operación, si bien reconoció que entre los dos concejales las
relaciones eran muy estrechas y que iban más allá de lo laboral.
Durante la
sesión, el fiscal dejó claro que los proyectos sobre los que se habrían
negociado los sobornos eran totalmente legales, por lo que podían haber sido
aprobados en el Plan General.
El juicio, que se celebra en la Sección Quinta
de la Audiencia Provincial, en Vigo, continuará mañana con la declaraciones de
los empresarios que se supone fueron víctimas de sobornos.
El fiscal acusa a
los dos ex concejales, a la novia de José Luis Mosquera y al arquitecto Borja
Ramilo de haber negociado una aportación de 960.000 euros a cambio de apoyar
tres proyectos urbanísticos en 2007 en el municipio pontevedrés, por lo que pide
que hagan frente a multas que superan los cuatro millones y medio de euros, y a
que se les suspenda para ocupar cargos o empleos públicos.
Este escándalo
urbanístico en Gondomar saltó a la opinión pública cuando efectivos de la
Guardia Civil detuvieron, en febrero de 2007, al ex concejal de Cultura y a su
pareja, después de recibir en una cafetería de Vigo un paquete con 60.000 euros,
supuestamente a cambio de incluir en el Plan General el permiso de construcción
en una finca.