AUDIENCIA NACIONAL
Procesadas ocho personas por el secuestro de un presunto narcotraficante arousano al que quemaron con cal viva
La Audiencia Nacional ha decidido procesar a ocho personas, acusadas de secuestrar, asesinar y quemar con cal viva en 2004 a un presunto narcotraficante arousano, Fernando Caldas, quien al igual que todas estas personas y según las investigaciones policiales, pertenecía a una misma organización de narcotraficantes, que se dedicaba a distribuir cocaína desde Galicia a diferentes partes del territorio español.
En el auto, dictado por el juez Eloy Velasco el pasado 26 de mayo, se asegura que los responsables de esta red delictiva decidieron asesinar a Fernando Caldas porque "no cumplía las órdenes de la dirección de la organización y se comportaba de manera demasiado ostentosa, lo que podía levantar sospechas sobre la actividad de narcotráfico a que se dedicaba el grupo".
Entre los procesados por este delito de asesinato con agravante de alevosía, se encuentran a los hermanos Miguel Ángel y Marco Antonio Fernández Rodríguez, Juan Berbel Briones, Roberto González Cuevas, Manuel José Pazo Taboada, José Jorge Durán Piñeiro, el empresario Marcos Vigo Fernández y Rosa María Charlín Martínez, hija del narcotraficante José Luis Charlín; todos ellos vinculados con el conocido clan de los Charlines.
Según el juez, la organización estaba dirigida por José Jorge Durán Piñeiro, pareja sentimental de Rosa María Charlín, dueña de la tienda de telefonía donde trabajaba Fernando Caldas. A él se le responsabiliza de ordenar por carta, desde la prisión de A Lama en donde cumplía prisión por tráfico de drogas, a Miguel Ángel Fernández que "hiciera desaparecer" a la víctima.
Tras una entrega de droga en Alicante, realizada por varios de los acusados y el propio Fernando Caldas los días 14 y 15 de julio, todos ellos regresaron a la localidad coruñesa de Bertamiráns, en donde Miguel Ángel Fernández, cumpliendo las órdenes de Durán y Marcos Vigo y ayudado por su hermano Marco Antonio, Juan Berbel, Roberto González y Manuel José Pazo; secuestró a la víctima cuando ésta acudió a un piso franco a recoger parte del dinero recaudado en la venta de la droga.
A pesar de su cautiverio en un maletero, Fernando Caldas pudo enviar a Marcos Vigo dos mensajes desde un teléfono móvil que sus captores no le intervinieron, según el juez “bien porque consideraba erróneamente que éste no había participado en el secuestro o bien porque sabía que tenía cierta ascendencia sobre el resto”, pero éste volvió a traicionarle y llamó a los secuestradores para le arrebatasen el teléfono. Después, éstes le trasladaron a un lugar indeterminado donde lo mataron e hicieron desaparecer su cadáver quemándolo con cal viva.
Tras ello, Miguel Ángel Fernández se trasladó desde Santiago de Compostela hasta Vigo en el coche del fallecido, donde lo hizo desaparecer, no sin antes limpiar las posibles huellas que pudiera tener y deshacerse del mando a distancia que abría el habitáculo en donde solían esconder la droga y del saco que contenía la cal usada con Caldas. Por todo este trabajo, según el auto judicial, la esposa de Miguel Ángel habría recibido 30.000 euros en su cuenta bancaria.
Varios de los acusados, entre ellos Miguel Ángel Fernández, Marcos Vigo y Rosa María Charlín, informaron a los padres de Fernando Caldas de su desaparición, acompañándoles incluso a poner la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, aunque según el juez "ocultaron a la Policía datos relevantes, ya que previamente habían estado en el domicilio de la víctima, de donde retiraron una máquina de contar dinero, 15.000 euros y cantidades indeterminadas de droga”.
Además, por el encubrimiento de este crimen, están procesados María Adela Vilas Soliño y Juan Rodríguez González; y un undécimo imputado, Eloy Val Carballo, lo está por un delito de tráfico de drogas relacionado con este asesinato. El juez impone además una fianza de 300.000 euros a los ocho procesados por asesinato y exige que los tres imputados por tráfico de drogas aporten 30 millones por la posible multa que la Sala de lo Penal pueda imponerles en el futuro.