Los sindicatos CC.OO., UGT, y CSI-F llamaron a los trabajadores del sector público y a toda la ciudadanía gallega a secundar la huelga y las movilizaciones convocadas para el martes día 8 en rechazo a los recortes salariales decretados por el Gobierno central, un tijeretazo del 5% a los sueldos de los funcionarios que consideran "un desprezo" hacia el colectivo afectado. Como medida de contestación, las tres plataformas sindicales prevén celebrar el acto central de las manifestaciones el martes en A Coruña, con una marcha que partirá a las 12.00 horas de Plaza de A Palloza y cuyo recorrido culminará ante la delegación del Gobierno en esa ciudad. Además, han anunciado concentraciones en otros seis puntos de Galicia ese mismo día: Lugo, Pontevedra, Ferrol, Vigo, Ourense y Vilagarcía de Arousa.
Así lo comunicó el secretario general de la Federación de Servizos Públicos de UGT-Galicia, José Manuel Vázquez, en una rueda de prensa conjunta celebrada en Santiago para presentar la jornada de protesta bajo el lema 'Párate. Non aos recortes salariais e sociais'. Los convocantes no manejan una cifra aproximada sobre el número de personas que participarán en los actos, pero auguran una importante asistencia tanto por parte de los empleados públicos como del resto de la ciudadanía, pese a advertir de que los servicios mínimos decretados ayer por la Xunta "dificultarán" la participación. Confiados en el respaldo de la gente, aseguran que "o futuro vai depender da resposta que poidamos dar o día 8".
Vázquez añadió que es "imprescindible" rebelarse contra una medida que atenta contra la "dignidade" de los empleados del sector público y que "vulnera o seu dereito á negociación colectiva". Así las cosas, dijo no estar dispuesto a consentir que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero "faga caixa" a costa de este colectivo y de los pensionistas. "Están metendo man a soldos xa de por sí baixos", apostilló. En este punto explicó que la reducción impulsada desde Madrid sitúa las retribuciones de los funcionarios "en niveis de fai unha década".
Desde CC.OO., el secretario general de la Federación de Servizos á Cidadanía del sindicato, Ramiro Otero, aparcó momentáneamente las críticas hacia el Gobierno central y atacó a la Administración gallega. Se refirió en concreto a la decisión anunciada ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar la misma caída del 5% en la nómina también al personal de las empresas públicas. Para Otero es una medida "inxusta, discriminatoria e máis virulenta" que la que se aplica a nivel estatal. Pese a que la Xunta destacó ayer la posibilidad de negociar con los sindicatos otra distribución, el de CC.OO. no entiende que quiera hacerlo después de acordarlo así en el Consello da Xunta. Con todo, comunicó la disposición de las centrales a asistir a la mesa general "cando nos convoquen", si bien advirtió de que "non vamos negociar nada que supoña retraer os dereitos dos traballadores públicos".
Para el presidente autonómico de CSI-CSIF, José Francisco Méndez, no se trata únicamente de una cuestión de sueldo, sino de una medida que provocará una "crise" de los servicios públicos y que incrementará la precariedad laboral. "Se se xubilan 100 médicos non se poden contratar dez", justificó, convencido de que el Gobierno sustituirá la contratación "limpa" mediante oposiciones por "contratos temporais".
Méndez considera que el recorte en las retribuciones de funcionarios no será suficiente para atajar la situación económica del país, sumida en una crisis motivada, en su opinión, "polo endebedamento las entidades financeiras que seguen a recibir miles de millóns". También el responsable de servicios de UGT apuntó otras alternativas que debería adoptar el Gobierno, como una política fiscal o la lucha contra el fraude.
POSTURA DE POLICÍAS Y GUARDIA CIVIL
La huelga y las movilizaciones del día 8 cuentan con el apoyo de la Unión de Guardias Civiles de Galicia y del Sindicato Unificado de Policías (SUP), que esta mañana manifestaron que acudirán a las concentraciones y que organizarán otras propias ante las comisarías, pese a que por ley no tienen derecho a huelga.
Tras denunciar que el Gobierno les ha pedido que "entren en confrontación con los huelguistas", el secretario de la Unión de Guardias Civiles, Gustavo Mato, advirtió de que no lo harán porque "estamos cos nosos compañeiros funcionarios e non co Goberno". A este respecto, el secretario general del SUP, José Freire, dijo que van a "protexer" a los piquetes que asistan a los centros públicos para convencer a sus compañeros para que secunden la protesta.
Además, prevén "ralentizar" los servicios de expedición de los documentos identificativos como el DNI y el pasaporte, así como los controles en los puestos fronterizos. Según Freire, su pretensión es "cabrear ós responsables policiais e políticos" que salen a la palestra a decir que "as estadísticas policiais son un éxito".
También advirtió que se negarán a realizar "as miles de identificacións ilegais que nos obrigan a facer para poder dicir que o fan moi ben". Se refirió en este punto a la identificación "indiscriminada" contra inmigrantes en estaciones de autobús, de tren, en el metro, o incluso en centros escolares.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico usarán la "pedagoxía" con los infractores antes de sancionarles, según puntualizó Gustavo Mato, porque ahora se sienten como "os delincuentes, coas mans arriba para quitarnos o 5% do soldo".
Para José Freire la medida es el ejemplo de lo que sucederá en la seguridad pública -donde denunció ya recortes de material y de combustible- y el primer paso para llevar a cabo ajustes "de máis calado" ya en los presupuestos de 2011.