SANIDAD
La UE apoya la propuesta española para evitar el coste excesivo del turismo sanitario
España logró un acuerdo en el Consejo de Sanidad de la UE para sacar
adelante su propuesta sobre movilidad de pacientes dentro de la Unión Europea,
con la que pretende evitar que el "turismo sanitario" tenga un excesivo coste
adicional para el sistema nacional de salud.
El acuerdo político supone un paso decisivo hacia la creación de un marco legislativo comunitario
sobre los derechos de los pacientes para recibir asistencia médica en otros
Estados miembros. "Hoy es un gran día para la construcción de un espacio
común de Sanidad en la UE", afirmó en rueda de prensa la ministra española del
ramo, Trinidad Jiménez, quien recordó que los Veintisiete negocian esta
directiva desde hace cuatro años.
La propuesta concilia las competencias
nacionales para la organización de los servicios sanitarios con los derechos de
movilidad de los pacientes dentro de la UE y garantiza la calidad de los
tratamientos recibidos en otros países, así como la sostenibilidad de los
sistemas nacionales de salud, destacó Jiménez.
La principal novedad son las
condiciones para evitar que el "turismo sanitario" conlleve un excesivo coste
adicional para algunos países y proteger la calidad y seguridad de la atención
médica recibida en otros Estados. Como regla general, se establece que el
país de residencia del paciente será el que deba sufragar su
tratamiento.
Para equilibrar el coste que esto conlleva para los Estados
miembros donde reside un número importante de pensionistas europeos, como es el
caso de España, los países de origen de dichos ciudadanos pagan una
compensación, recordó Jiménez.
No obstante, según la nueva propuesta, si un
paciente decide volver a su país natal -o a aquél en el que esté afiliado a la
Seguridad Social- para tratarse, sería éste último el que se haga cargo de su
coste, pese a que el ciudadano tenga su domicilio establecido en otro Estado
miembro.
Si el ciudadano decide trasladarse a un tercer país de la UE para
recibir atención médica, tendrá que pedir autorización al sistema sanitario de
su Estado de residencia, que podrá concederla o no en función de sus criterios
nacionales de seguridad y calidad.
Dicha autorización será imprescindible
para tratamientos de enfermedades raras, que requieran el ingreso del paciente
durante al menos una noche en un hospital o el empleo de material médico "de
alta tecnología", como la radioterapia o el diagnóstico con positrones, como la
tomografía por emisión de positrones (PET).
De este modo, se garantiza que el
país de residencia y el Estado natal "son los que determinan y controlan" la
movilidad de los pacientes, subrayó Jiménez.
El objetivo, destacó, es
restringir los desplazamientos a otros países a casos que "sean por indicación
médica o con proveedores claramente acreditados por el sistema nacional".
Los
principales supuestos en los que no se requerirá ninguna condición previa son
las consultas médicas, así como los tratamientos de urgencia de ciudadanos
comunitarios al viajar a otros Estados europeos, cuyo reembolso siempre podrá
ser reclamado por los pacientes en sus países originarios, aclaró la
ministra. Según Jiménez, esta "definición más equilibrada de los derechos de
reembolso" evita que la asistencia médica transfronteriza "suponga un coste"
excesivo para los sistemas nacionales.
Por su parte, el comisario europeo de
Sanidad y Consumo, John Dalli, lamentó que el texto "no sea más innovador" y que
no se haya redactado "con un lenguaje más claro".
Tras el acuerdo político
alcanzado hoy sobre la propuesta, los Veintisiete tratarán más adelante de
negociar un texto común con el Parlamento Europeo (PE). La nueva directiva
sobre asistencia médica transfronteriza podría estar lista hacia el otoño.