RELIGIÓN
El Gobierno retrasa la reforma de la ley de libertad religiosa ante sus "ondas expansivas"
El director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, ha
reconocido que el Gobierno tuvo "la sensación" al principio de que la
reforma de la Ley de Libertad Religiosa era "muy fácil" pero ha optado por
retrasarla, al descubrir que es un tema "complejo" y que causa "ondas
expansivas".
El Ejecutivo ha anunciado que no modificará este año el texto
que regula este ámbito desde 1980 pese a que su intención era haberlo hecho
antes del verano, algo a lo que le instó el Congreso en mayo.
Contreras, que
ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid,
forma parte de la Comisión que elabora un borrador legislativo que, entre otras
cosas, elimina los crucifijos y los funerales católicos de la vida
pública. "Cuidado con la premura, es absolutamente compleja la cuestión; a
veces el Gobierno pensó que esto era sencillo, y nos hemos encontrado con que es
mucho más complicado y por eso el retrasarlo", ha confesado.
El Ejecutivo, a
su juicio, "tuvo la sensación de que esto era muy fácil" porque se trataba de
cambiar ocho artículos de una Ley, "pero no es así, esto no es cuestión de una
noche", ha reconocido. "No es algo aislado, es transversal, si movemos algo
aquí puede tener una repercusión en el otro extremo, y hemos visto que hay que
tener en cuenta todas las ondas expansivas", ha argüido.
Aunque algunos
pueden pensar que da igual prohibir el burka "si se da un paso luego puede venir
otro" y, como ejemplo, ha apuntado que un pueblo español, del que no ha querido
dar el nombre, quiere proponer al consejo municipal que no haya mezquitas en su
seno.
Se ha referido a otros temas que pueden generar conflictos, como que se
reconozca la Seguridad Social, la nacionalidad o el derecho al desempleo a los
ministros de culto de otras religiones. "Hay que hablar con los partidos
políticos y con las confesiones antes de meternos en un lío que traiga un riesgo
mayor del que queremos evitar", ha argüido.
El profesor ha aventurado que
"habrá conflictos" si no se soluciona "pacíficamente" esta cuestión. "Si nos
equivocamos, las consecuencias pueden ser muy negativas", ha
enfatizado.
Contreras ha informado de que la renovada ley dará un "estatus
jurídico" a aquellas confesiones de "notorio arraigo" con las que actualmente no
mantiene acuerdos el Gobierno.
Se trata de que otros grupos puedan gozar de
las exenciones fiscales y de otros derechos, como que sus ministros tengan
acceso a la Seguridad Social, algo de lo que sólo se benefician actualmente los
católicos, los evangélicos, los judíos y los musulmanes.
El Ejecutivo quiere
"objetivar" el notorio arraigo de las religiones en función de criterios como su
ámbito de actuación, el número de creyentes, la presencia histórica o su
actividad social. Contreras ha indicado que durante estos 30 años al hablar
de notorio arraigo "se pensaba en la religión y no en la organización" pero,
finalmente, "los acuerdos se firman con una federación".
"El problema que
estamos teniendo 30 años después y que no estaba en la mente de los que hicieron
los acuerdos del 92, es que hemos dado un poder enorme a estas organizaciones
porque al final son quienes tienen la llave: o entras o no entras", ha
señalado.
Esta "especie de derecho de admisión", por el que se goza o no de
determinados derechos, se ejerce en "muchos casos sin justificar el tú sí y el
tú no". Por ello, ha hecho un llamamiento a las religiones del Estado para que
no se conviertan en un "gendarme".
"Soy partidario de intentar convencer a
las confesiones de que abran la puerta", ha añadido Contreras, quien ha añadido
que la normativa abordará la situación de otras ideologías o cosmovisiones que
no son estrictamente religiones.
El poder público, en su opinión, debe
determinar qué es una religión y qué no lo es, para impedir que por una "puerta
falsa" entren otro tipo de grupos, como podría ser la "iglesia de la pastología,
en la que Dios es la pasta y mi meta es la pasta".