Los representantes de las tres administraciones implicadas en la construcción de
la depuradora de Vigo, el Gobierno, la Xunta y el Ayuntamiento de la ciudad, han
firmado el convenio para que esta infraestructura pueda salir adelante, lo
que supondrá una inversión de 230 millones de euros.
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha
asistido, acompañada por el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep
Puxeu y en la firma del acuerdo participaron el presidente de la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Norte (Acuanorte), Jorge Marquínez; dependiente
del MARM, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández; y el alcalde de
Vigo, Abel Caballero.
Este convenio garantiza el ejercicio de las competencias de cada una de las
administraciones implicadas en la construcción de esta infraestructura y
constituye el paso previo a la aprobación de los pliegos de licitación del
contrato conjunto del proyecto constructivo y ejecución de las obras.
De este modo, el MARM, a través de Acuanorte, aportará 112 millones de euros,
un 48,7 por ciento del total cercano a los 230 millones de euros, la Xunta de
Galicia contribuirá con más de 104 millones de euros, el 45,3 por ciento del
total, y el Ayuntamiento de Vigo sufragará más de 13 millones de euros (cerca
del 6 por ciento del total).
El proyecto se licitará en septiembre y habrá unos cuatro meses para la presentación de las distintas ofertas. Después del estudio, se prevé que se adjudique a principios de 2011. El presidente de Acuanorte, Jorge Marquínez, calcula que las obras pueden comenzar en 2012 y puede estar en funcionamiento en 2016.
En conferencia de prensa tras firmar el acuerdo, Elena Espinosa destacó la
colaboración e implicación del Gobierno Central en actuaciones de saneamiento y
depuración que son "competencia" de las Comunidades Autónomas. En el caso de Vigo, apuntó que la contribución del Estado permitirá resolver
el problema de los grandes vertidos, afrontar un enorme reto técnico y una
inversión económica de primer orden en el contexto económico actual.
También expuso que el Estado, a través de los distintos instrumentos que
dependen del MARM ha invertido en Galicia, en los últimos años, más de 300
millones de euros en obras de interés general y 200 millones de euros en obras
adicionales en obras que están en ejecución en la actualidad.
Por último, la ministra ha reiterado la voluntad del Gobierno de España de
aunar esfuerzos para cumplir con las normativas estatal y europea, favorecer la
calidad de los ecosistemas acuáticos y responder a las aspiraciones de la
ciudadanía de Vigo.
Además, Espinosa recordó que no fue fácil llegar a un acuerdo para acometer
estas obras pero abogó por "olvidar un poco la historia" y "mirar siempre de
frente". "Esta es la depuradora más costosa si lo vemos en términos económicos que
ejecutará el MARM, es posible que con posterioridad tengamos alguna de un coste
superior de alguna gran ciudad de España, pero a día de hoy es la mayor",
comentó.
A ello agregó el deseo de su Ministerio de que la depuradora sea
"absolutamente respetuosa con el entorno" y "que no produzca un impacto visual",
algo que se garantiza con el hecho de que "parte de ella va soterrada".
Por su parte, Agustín Hernández transmitió un mensaje de tranquilidad a los
vecinos de Coruxo, donde se ubica la instalación, asegurando que podían estar
"tranquilos" ya que, con estas obras, se van a "solucionar todos los
problemas".
El proyecto ofrece una solución óptima para los objetivos planteados, al
contemplar la construcción de un nuevo emisario submarino, de mayor capacidad,
una nueva acometida eléctrica con una línea de más de tres kilómetros y,
finalmente, una modernización integral de la depuradora existente.
La nueva EDAR duplicará la capacidad de depuración con las últimas
tecnologías, más eficientes en consumo energético y más limpias desde la
perspectiva medioambiental, la integración paisajística del complejo y la
recuperación de parte de la marisma.
Por otra parte, el soterramiento de gran parte de las instalaciones
minimizará el impacto visual y los problemas de ruido y olores. La nueva instalación tendrá capacidad para atender las necesidades de una
población de 800.000 habitantes.