El Ministerio de Justicia considera que la decisión de la juez de Nueva York de
desestimar la responsabilidad de la empresa ABS que revisó el petrolero
"Prestige", que aún es recurrible, es favorable a las pretensiones de España por
haber declarado aplicable a este caso la legislación norteamericana.
Según
han informado a EFE fuentes de Justicia, España sostiene que la legislación
aplicable es la de los Estados Unidos, ya que es la sede de ABS, mientras que
ésta dice que es la de las Bahamas, país de abanderamiento del buque pero cuya
legislación confiere inmunidad a los barcos abanderados allí.
La decisión del
juzgado de Nueva York, emitida el pasado día 3, de afirmar que la legislación
que se aplique sea la norteamericana como pide España "despeja una de las
principales cuestiones y dudas" que se habían planteado en el proceso, destacan
las mismas fuentes.
La orden es todavía recurrible ante la Justicia
estadounidense que por segunda vez ha desestimado la demanda interpuesta por
España contra la compañía que certificó como "apto" para transportar combustible
al petrolero "Prestige", que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre
de 2002.
La juez Laura Taylor Swain falló en favor de ABS, con sede en
Houston (Texas) y a la que el Gobierno español pedía una indemnización de 1.000
millones de dólares por los daños causados por el desastre ocurrido tras el
hundimiento de ese petrolero, con 77.033 toneladas de fueloil, frente a las
costas de Galicia.
De esta forma, rechazó el recurso planteado el 3 de enero
de 2008 por el Gobierno español, que reclamaba compensaciones a ABS y a otras
empresas afiliadas por considerar que actuaron de forma negligente.
Las
fuentes del Departamento dirigido por Francisco Caamaño han explicado que caben
dos tipos de recursos frente a la decisión judicial: el de apelación a presentar
en un plazo de 30 días, o el de reposición, que debe presentarse en 14
días.
Por su parte, el Ministerio de Fomento dijo ayer que estaba estudiando
junto a la Abogacía del Estado el fallo de la juez de Nueva York y que el
Gobierno tomaría la decisión que correspondiera cuando llegue el momento y con
el "máximo respeto" a las resoluciones judiciales previas.