La Xunta de Galicia invertirá 889 millones de euros en los próximos cinco años para alcanzar el buen estado de las 140 masas de agua superficial que presentan un estado ecológico y químico deficiente en la actualidad. Estos espacios con problemas de calidad representan el 30% de las 464 masas existentes en la comunidad.
Otras dos no han sido evaluadas, mientras que las 322 restantes (69,4%) gozan de una buena situación. Para conservar su óptimo estado, la administración autonómica también prevé poner en marcha políticas de atención en estas zonas. Más alentador es el panorama que ofrecen las masas de agua subterránea, ya que todas se encuentran en buen estado, una realidad que la Xunta atribuye a la "especial mortoloxía" gallega en relación al contexto hidrológico español.
La partida económica se inflará hasta los 1.542 millones de euros con las apartaciones que el Gobierno central, los concellos y las diputaciones realizarán hasta 2015 para garantizar la calidad de las aguas y cumplir la "axeitada" demanda de este producto ante problemas de suministro. Para tal fin, el Ejecutivo estatal desembolsará cerca de 580 millones, las administraciones locales con competencia en materia hidrológica en torno a 67 millones, mientras que los 27 millones restantes también serán aportados por la Xunta en concepto de gastos de mantenimiento.
Así se recoge en el borrador del plan Hidrolóxico de Galicia-Costa, presentado hoy en Santiago por el Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández. El documento estará sometido a consulta pública durante un periodo de seis meses, desde el próximo viernes 20 de agosto hasta enero de 2011. El titular del departamento autonómico solicitó las aportaciones "fructíferas" de los ciudadanos para "mellorar" el borrador y diseñar un plan que alcance "unha vida longa e un importante nivel de consenso", como ocurrió con el marco normativo vigente desde 2003.
MÁS DE 600 MEDIDAS
Para dar cumplimiento a la normativa europea (Directiva Marco del Agua) y conseguir los objetivo ambientales fijados para los próximos cinco años, el borrador del plan Hidrolóxico Galicia-Costa contempla la puesta en marcha de 650 medidas (38 básicas y 312 adicionales). Para dibujar la hoja de ruta a seguir, Medio Ambiente ha dividido las líneas de actuación en cuatro categorías.
La primera de ella engloba actuaciones destinadas a dar cumplimiento a los objetivos medioambientales, un aspecto en el que la Xunta deberá asegurar la calidad de las aguas y la recuperación ambiental de los ríos a través del control de la contaminación o la restauración de las riberas. El abastecimiento, el mantenimiento de las instalaciones de depuración, la conservación del contorno de las cuencas y otras actuaciones sobre el dominio público hidráulico también formarán parte de los trabajos a desarrollar.
Por otra parte, deberá garantizar la demanda del producto en sus diferentes usos, siempre anteponiendo el abastecimientos urbano sobre los demás, así como el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos.
El tercer ámbito de acción lo integra la contención de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías o contaminación accidental. En este caso, las administraciones deben trabajar para aminorar sus efectos ambientales, sociales y económicos.
Los propios órganos de poder protagonizan la cuarta categoría de medidas, destinada a mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, aumentar la transparencia en la información, fomentar la participación pública en la planificación hidrológica y definir criterios de gobierno para evitar conflictos de competencias.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El plan de actuación se ejecutará en las tres provincias costeras de la comunidad (AS Coruña, Lugo y Pontevedra), a lo largo de 13.072 kilómetros cuadrados. En este área, que supone el 44% del territorio gallego, reside el 75% de su población.
Para facilitar la evaluación y gestión de todas las aguas de la demarcación Galicia-Costa, la consellería de Medio Ambiente delimitó 464 masas de agua superficial --lagos, embalses, corrientes, ríos, canales o tramos de aguas costeras que cumplan requisitos míminos de superficie, longitud, caudal, etc--. El departamento marcó además 18 masas de agua subterránea y 19 sistemas de explotación.
Para el Ejecutivo gallego, uno de los elementos claves de la planificación es conocer el volumen de recursos hídricos que tiene la comunidad y que, en el caso de la demarcación Galicia-Costa, asciende a 11.532 hectómetros cúbicos de agua al año (7.848 son superficiales y 3.684 subterráneos). Son más del 10% de los recursos totales del Estado, según puntualizó Hernández. Del total, 1.153 hectómetros cúbicos (10%) son declarados reserva ambiental (caudal ecológico) y no puede destinarse a ningún uso que no sea el mantenimiento de las condiciones ecológicas de la masa de agua.
El plan prioriza los usos destinados al abastecimiento de la población, el regadío y los usos agrarios en segundo lugar, el empleo industrial, la acuicultura y los usos recreativos. "No momento no que non teñamos suficiencia de recursos, a Administración deberá garantir o cumplimento desta orde de prioridade", explicó Agustín Hernández.
Otro de los aspectos recogidos en el plan contempla la creación de tarifas, tasas o otros instrumentos que permitan que el precio del agua genere "incentivos para un uso sostible do recurso" y "contribúa a que se recuperen os custes do servizo de abastecemento ao cidadán".
RECHAZO A NUEVAS MINICENTRALES
Preguntado sobre la posibilidad de permitir la instalación de nuevas minicentrales hidroeléctricas en Galicia, el conselleiro de Medio Ambiente reiteró el compromiso de la Xunta de "non autorizar ningún aproveitamento hidroeléctrico" en los ríos gallegos mientras non esté aprobado el plan hidrológico. "O nivel de uso hidráulico é suficientemente alto como para ser moi restrictivos", sentenció Hernández. Por tanto, el Ejecutivo sólo esta dispuesto a facilitar el aumento de la capacidad de producción y las mejoras tecnológicas de los aprovechamientos existentes "sempre que se garantice o dereito ao medio ambiente".
Ante la posibilidad contrapuesta, la de eliminar alguna de las presas existentes, Hernández afirmó que previamente será necesario analizar los efectos de tal supresión "desde unha perspectiva financieira". Y es que los aprovechamientos autorizados cuentan con un derecho de concesión y, por lo tanto, si la Xunta quiere recuperar su titularidad deberá pagar una indemnización que compense la pérdida de la concesión. Lo que el conselleiro no descartó es la posibilidad de intervenir sobre las instalaciones en deshuso. En este sentido, el Ejecutivo está elaborando un inventario a partir del cual podrá "eliminar obstáculos" en ciertos puntos donde el aprovechamiento no esté justificado.
TRAMITACIÓN
El plan Hidrolóxico Galicia-Costa ocupa el cuarto lugar en orden de tramitación a nivel estatal, sólo por detrás de los documentos expuestos ya a información pública en Baleares, Andalucía y Cataluña. Agustín Hernández añadió que la Xunta es la primera Administración gallega que presenta el borrador del texto, mientras que los proyectos de las demarcaciones Miño-Sil, la del Cantábrico y la del Douro están "en fase de elaboración".
La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el 2000, obliga al Estado español a realizar una nueva planificación hidrológica en sus cuencas. La comunidad autónoma gallega inició la senda hacia esa modificación en el 2006, cuando envió a la Unión Europea la caracterización de la demarcación hidrográfica y el análisis de los usos del agua y su impacto económico. En 2008, el Gobierno gallego sometió a consulta pública los documentos iniciales del plan hidrológico, que le permitió perfilar un esquema de "temas importantes", también sometido a exposición en el primer semestre del año pasado y aprobado por Augas de Galicia en marzo de este año.
Una vez que el actual borrador concluya el periodo de consultas públicas en el mes de enero y que la Xunta incorpore las alegaciones recibidas, el documento deberá ser aprobado por Augas de Galicia, ratificado por el Consello da Xunta, revisado por el Consejo Nacional del Agua y aprobado por real decreto por el Ejecutivo central.