VOTACIÓN
El Congreso rechaza el traspaso de las competencias de Tráfico a Galicia
La abstención del PP y los votos en contra del PSOE impidieron ayer que el Congreso de los Diputados iniciase la tramitación de la proposición de ley propuesta por unanimidad por el Parlamento gallego, para demandar el traspaso de las competencias de tráfico y seguridad vial a Galicia. Los votos a favor de los nacionalistas e Izquierda Unida no fueron suficientes.
Pedro Puy (PpdeG), Anxo Quintana (BNG) y Xoaquín Fernández Leiceaga (PsdeG) fueron los diputados gallegos encargados de exponer los motivos por los que Galicia debe contar con esta competencia. Los tres destacaron la unanimidad que había obtenido esta norma en el Parlamento y algunas de las ventajas de que la comunidad pueda gestionar tráfico y seguridad vial.
No obstante, socialistas y populares de Congreso se centraron en los peros. El diputado del PP Antonio García Tizón justificó su posicionamiento alegando que "en Galicia no existe un cuerpo de policía propio" y que la unidad adscrita "no tiene efectivos al completo". Al respecto, el Gobierno gallego no ve una prioridad crear la policía gallega, sino elevar los efectivos de la llamada Policía Autonómica.
García Tizón dijo ver "con simpatía" la situación pero considera que no es oportuno abordar el traspaso "existiendo otras prioridades que no son las de 2008", año en el que fue remitida al Congreso de los Diputados la proposición de ley.
Desde las filas socialistas, Juan Carlos Corcuera manifestó no ver la necesidad de este traspaso, basándose también en que "en Galicia no hay unidades operativas" ni un despliegue de "material" y diferenció el caso gallego del catalán alegando que en esta comunidad sí había creada la Policía. Corcuera dijo que "estamos hablando de muertes de personas, tragedias que hoy sabemos que pueden evitarse" y que por eso "compartimos su preocupación por las carreteras gallegas". Al respecto, destacó la intervención de Xoaquín Fernández Leiceaga, quien estimó que Galicia podría reducir "hasta 100 muertes cada año" —basándose en las cifras actuales— al ejercer tales competencias.
La réplica a estos argumentos, y con los posicionamientos de cada grupo parlamentario claros, no se hicieron esperar. El nacionalista Anxo Quintana consideró que "no es admisible" que las fuerzas políticas estatales "digan una cosa en Galicia y otra diferente en este Parlamento", y opinó que si se ponen problemas para aprobar esta ley es por el "miedo" de la Cámara a que "dentro de la arquitectura del Estado Galicia juegue el mismo papel que Euskadi y Cataluña".
Así, introdujo la idea de los agravios comparativos, a la que también aludió Leiceaga, quien señaló que "seguiremos defendiendo la transferencia" a través de la reforma del Estatuto. También se preguntó "por qué unos si y otros no", aludiendo a "los efectos corrosivos del agravio comparativo".
Pedro Puy, por su parte, criticó que se ponga el no desarrollo de la Policía Autonómica como excusa dado que el Gobierno central "obstaculiza y bloquea" que se complete la unidad adscrita, "embrión" del cuerpo gallego. "Sería tremendo que el que tiene que facilitar que se ponga en marcha pone como disculpa que no se ha puesto en marcha", reprochó.
LO IDENTITARIO
Reducir cien muertes al año, perfeccionar la seguridad vial o la importancia de gestionar desde la proximidad un servicio condicionado por la orografía fueron algunos de los argumentos esgrimidos por los diputados gallegos para tratar de convencer a sus colegas estatales de la necesidad de que Galicia cuente con la competencia sobre esta área.
No obstante, en buena parte de los casos se dejó a un lado la cuestión identitaria. Precisamente el diputado del PPdeG Pedro Puy entró en este tema para asegurar que la reclamación de este traspaso —cuyo coste se situaría entre 70 y 100 millones de euros— "no es un debate identitario o puramente identitario", sino que se corresponde con la "organización racional del poder". Así, interpreta que tras casi 30 años de Estatuto de Autonomía, esta transferencia supondría la "consolidación de un sentimiento identitario de pertenencia a la identidad gallega, española y europea", que a su entender son "complementarias".
Por parte del BNG, entró en este tipo de consideraciones el diputado nacionalista Francisco Jorquera, quien defendió el apoyo al texto alegando "dos razones básicas". Por un lado, que la transferencia es "indispensable para el despliegue de nuestra Policía Autonómica" y que el traspaso "permitirá a Galicia diseñar políticas específicas de tráfico y seguridad vial". El segundo motivo de los nacionalistas gallegos para defender la concesión de esta competencia a Galicia es "el fuerte contenido simbólico" que supondría desarrollar esa policía gallega, que permitiría a la comunidad alcanzar el "mismo estatus" que otras nacionalidades históricas del Estado, que también tienen sus respectivas "lengua y cultura propias".
El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego hace dos años, en la que se reclama la transferencia a la comunidad de las competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
El rechazo se ha materializado gracias al voto contrario del Grupo Socialista y a la abstención del Partido Popular. Los nacionalistas e Izquierda Unida votaron a favor.
Durante el debate, el diputado del PSOE en la Cámara Baja Juan Carlos Corcuera ha manifestado que, a pesar de compartir la preocupación por la siniestralidad en las carreteras gallegas, "la transferencia sólo puede hacerse de forma excepcional".
En este sentido, ha asegurado que transferir la competencias en tráfico a Galicia no es una medida "oportuna, conveniente ni necesaria". Así, ha recordado que el cuerpo de policía "no ha sido creado" y que la siniestralidad, con la gestión actual, "ha seguido el mismo descenso que en el resto de España".
Por su parte, el diputado nacional del PP Antonio García Tizón ha justificado la postura de su grupo en que la unidad de policía autonómica que se encargaría de esas competencias "no se encuentra con un desarrollo mínimo".
Además, ha añadido que tendría un coste aproximado de entre 70 y 100 millones de euros anuales y ha desechado que exista un agravio comparativo, ya que el País Vasco y Cataluña sí tienen transferidas las competencias en esta materia.
Para García Tizón, en estos momentos "hay otras prioridades" y, dicho esto, ha asegurado que la proposición del Parlamento gallego "tendrá que esperar a otro momento".
VOTOS DISTINTOS EN MADRID Y SANTIAGO
La posición de socialistas y 'populares' en el Congreso choca con la postura de los diputados del Parlamento de Galicia, que minutos antes habían abogado por la transferencia con base en las especificidades de la comunidad gallega.
Así, el diputado del PPdeG Pedro Puy Fraga ha aclarado que no se trata de un "debate identitario, sino racional". "Con la transferencia se completará el desarrollo de nuestro estatuto para hacer una Galicia mejor, una España mejor y una Europa más unida", ha concluido.
Por su parte, el diputado del PSdeG Xaquín Fernández Leiceaga ha justificado su postura afirmando que Galicia tiene "condiciones particulares" y una alta siniestralidad, que necesitan ser afrontadas desde la "proximidad". En su opinión, la descentralización "tiene ventajas".
QUINTANA: "TOMADURA DE PELO"
Finalmente, el representante del BNG Anxo Quintana ha señalado que la propuesta gallega es oportuna y está basada en "seguridad, eficacia y ahorro". Tras conocer la postura de PSOE y PP, ha apuntado que "no es admisible que las fuerzas estatales digan una cosa en Galicia y otra en Madrid", algo que calificó posteriormente en declaraciones a los periodistas como "tomadura de pelo".
"El único miedo que existe en esta cámara para la aprobación de esta proposición de ley no es ni el procedimiento legal ni la transferencia de competencias, el único miedo que existe es a que, dentro de la arquitectura institucional del Estado, Galicia juegue el mismo papel que Cataluña y Euskadi", ha concluido Quintana.
La iniciativa ha contado con los apoyos de los nacionalistas de CiU, BNG, ERC e ICV y con la formación de Izquierda Unida, cuyos representantes parlamentarios han recalcado que la proposición fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.
En concreto, el diputado del BNG Francisco Jorquera ha justificado su apoyo total a la propuesta porque "es un elemento indispensable para el despliegue de la policía autonómica" y porque "permitirá a Galicia diseñar políticas específicas de tráfico que tengan en cuenta sus singularidades".