El PSOE y el resto de los grupos parlamentarios anunciaron su intención de impedir unidos todo intento del PP de "contaminar" el Parlamento introduciendo en el debate sus "sospechas" sobre la investigación del 11-M. En una rueda de prensa conjunta, los representantes de los grupos del PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Mixto sugirieron al PP que, si tiene pruebas de sus sospechas, las entregue a la Justicia. "Esto es un aldabonazo al PP para que abandone esa política descabellada", manifestó el socialista Diego López Garrido, quien advirtió: "siempre vamos a impedir que el Parlamento se manipule en defensa de tesis de presuntos asesinos" imputados por el 11-M. Garrido recordó que ya anoche los grupos se negaron a participar en un debate con el PP durante la moción sobre "el esclarecimiento de la verdad" del 11-M, limitándose a leer todos ellos el mismo texto de una enmienda de sustitución con la que reiteraron su confianza en la investigación judicial de los atentados. El objetivo, explicó, es "no permitir que se abra incluso un debate que emponzoñe la investigación del 11-M". A la rueda de prensa acudieron los representantes de cada grupo en la comisión parlamentaria de investigación del 11-M, que cerró sus trabajos en junio de 2005. "Somos una coalición de grupos por la dignidad de este Parlamento", manifestó Gaspar Llamazares, de IU-ICV. "Nosotros no investigamos policialmente, no juzgamos ni somos el tribunal de inquisición de los jueces", añadió. Según dijo Llamazares y reiteraron el resto de los intervinientes en la rueda, los siete grupos seguirán "parando los pies" al PP, impidiendo su "política tóxica" e intentos de "contaminar el Parlamento". "No podemos hacer del Parlamento la caja de resonancia de teorías conspirativas que afectan a un proceso judicial abierto", observó Jordi Jané, de CiU, que propuso que "quien tenga un dato, un indicio, lo aporte al juez". En el Congreso, "el debate está agotado. Ahora quien tiene que hablar es el Poder Judicial", agregó, para pedir "respeto institucional" a la labor de policías, jueces y fiscales y a las propias víctimas de los atentados. En nombre del PNV, Emilio Olabarría pidió no olvidar "el dolor de las víctimas" y condenó que mantener la sospecha "de que no todo lo que ocurrió se está investigando" -que es "la gran falacia que mantiene el PP"- produce "una segunda victimización" en quienes sufrieron aquellos atentados. Para Olabarría, la pretensión del PP "es obvia": recuperar su "particular verdad", con la paradoja de que "su particular verdad es una mentira, o son muchas mentiras, son las mentiras que los ministros del PP proyectaron a la opinión publica entre las fechas fatídicas del 11 al 13 de marzo" de 2004. "El PP debe ser de otro mundo, de un mundo al revés", dijo Joan Puig, de ERC, quien lamentó la "incapacidad" del partido para aceptar los resultados de las elecciones del 14 de marzo y la "sinrazón" de su política. Paulino Rivero, de Coalición Canaria, que fue presidente de la comisión 11-M, instó a dejar que trabajen la Policía y la Justicia. "Tenemos que mirar hacia adelante y confiar en las instituciones", conminó al PP. "Si el PP tiene pruebas, que acuda a los tribunales", propuso Uxue Barkos, del Grupo Mixto, tras lamentar el "mal arranque" de los populares en este nuevo curso político.