ENERGÍAS
La Xunta alerta de que la propuesta de Moncloa para regular las renovables "invade" sus competencias
La Consellería de Economía e Industria considera que la propuesta de Real Decreto elaborada por Moncloa en la que se detalla el recorte de subvenciones a las energías del régimen especial “invade” competencias autonómicas; perjudica a los parques eólicos gallegos al limitar el número de horas de generación subvencionada, al tiempo que vaticina que la reducción de retribuciones a las instalaciones fotovoltaicas provocará una caída de los ingresos del sector de unos 300 millones en Galicia.
Así lo explicó esta mañana en comisión parlamentaria el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, quien sostuvo que el modelo energético que defiende el Gobierno central “está esgotado”, en una comparecencia que el PSdeG tachó de “mascarada”.
En cuanto al contenido del proyecto normativo, Tahoces reclamó “a supresión” del apartado en el que el ministerio especifica las nuevas causas que justifican la modificación sustancial de instalaciones preexistentes, un hito del que depende el periodo de retribución específica de una explotación. “A Xunta solicita a supresión desta regulación, porque excede con creces as competencias do Estado”, indicó el director xeral, quien se escudó en el régimen de atribuciones previsto en el Estatuto de Galicia y en la Ley del Sector Eléctrico.
En esta línea, el representante del departamento que dirige Javier Guerra también aprecia “invasión de competencias” en la subvención de proyectos experimentales en las tecnologías eólica y termoeléctrica hasta un máximo de 160 y 180 megavatios (MW) de potencia instalada, respectivamente. Y es que la Xunta entiende que “a delimitación do carácter experimental” de estas instalaciones es competencia de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas.
La Administración gallega también aprecia un exceso por parte de Moncloa en la regulación de los cambios de titularidad de las explotaciones, una opción que queda vetada en los dos primeros años y que, a partir del cuarto podrá hacerse previa “autorización” del Ministerio de Industria.
En cuanto a la limitación de las horas de producción subvencionada, que en el caso de la eólica corresponderá a las 2.589 primeras horas de generación cada año –siempre que la media del parque nacional supere las 2.350--, el director xeral expresó la “oposición frontal” del Ejecutivo gallego a esta medida. Tras vaticinar que la repercusión económica “será mínima”, afirmó que Galicia se verá “afectada de maneira singular” al ser el territorio “cos parques máis eficientes”. Además, tachó de “barbaridade” vincular las retribuciones únicamente a la rentabilidad de los parques, por lo que recordó que “os máis rendibles” son también los que soportan “maiores custes de interconexión á rede”. En este sentido, Tahoces expuso que la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) insta al Gobierno a retirar este capítulo en un informe remitido la pasada semana al departamento que dirige Miguel Sebastián.
En cuanto a la reducción de las retribuciones a la energía fotovoltaica, Tahoces alertó de que los expertos calculan que las empresas del sector dejarán de ingresar unos 8.000 millones en España, “300 millóns en Galicia”. En esta tesitura, reclamó que se “incremente o cupo de producción” actual. En este punto, acusó al Ejecutivo socialista de apoyar el desarrollo de estas instalaciones en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que centralizan más de 2.000 MW instalados, frente a los 10 de Galicia, que permanece a la espera de la inclusión del proyecto de Solidaridad Solar (23 MW) en el registro de preasignación.
La reducción en un 35% hasta diciembre de 2012 de las primas a los promotores eólicos acogidos a la retribución del real decreto 661/2007 es otro de los aspectos que critica la Xunta, aunque la medida afectará sólo a 17 instalaciones, según el titular de Enerxía e Minas, quien censuró que “non se modifiquen os límites retributivos superiores” fijados en 85 euros por MW. “A medida é desproporcionada”, afirmó el representante autonómico, tras lo que lamentó que se transmita la idea “de que a enerxía eólica é culpable do mal endémico do déficit tarifario”.
“Isto é o que se está cocendo nos fogóns do Ministerio de Industria que, por certo, utiliza carbón nacional”, ironizó Tahoces en alusión a la polémica abierta en torno al decreto del carbón.
LOS CIUDADANOS PAGAN EL DÉFICIT TARIFARIO
En su turno de réplica, el diputado socialista Abel Losada instó a a la Xunta a presentar ante el Constitucional los conflictos de competencias “que considere oportunos” una vez entre en vigor el reglamento. El parlamentario, que tachó la comparecencia de “mascarada", reconoció que España arrastra un déficit de tarifa eléctrica que supera los 20.000 millones que los ciudadanos “imos ter que pagar” a través de la subida del recibo de la luz. Al igual que el BNG, Losada acusó a la consellería de Industria de pretender “poñer a venda antes que a ferida” al criticar la política energética del Gobierno para tapar “a absoluta paralización” del desarrollo eólico en Galicia.
En este aspecto, el portavoz de Energía del BNG, Enríque Viéitez, acusó al Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo de contribuir “a destruír máis de 3.000 empregos directos” con la suspensión del consurso eólico del bipartito. Tras enmarcar la comparecencia del director xeral “na campaña electoral do PP”, el nacionalista invitó a la Administración gallega a “exercitar as canles que teñen para evitar a recentralización”, al tiempo que instó a la Xunta a “poñer en marcha a reforma do Estatuto” para ampliar el techo competencial.
Por su parte, el diputado del PP Pedro Arias ensalzó la “oportunidade” de la intervención del representante de Industria, al tiempo que cargó contra la política energética del Gobierno de Zapatero. En este sentido, constató que en los últimos seis años “a tarifa eléctrica subiu un 48,5%”, por lo que enmarcó como “prioridade estratéxica” para España y Galicia “compensar o déficit enerxético”.