PRESUPUESTOS GENERALES
El gasto social supone el 58% del Presupuesto y 30.000 millones serán para prestaciones por desempleo
La reducción del déficit y la contención de la deuda pública es la prioridad
"absoluta" de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, objetivo que ha
de ser compatible con la aplicación de reformas estructurales para hacer el
modelo productivo más sostenible.
Según el proyecto de ley de los
Presupuestos del año que viene, que hoy entregó en el Congreso la vicepresidenta
segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, hay que lograr una
reducción del déficit público "sin precedentes en nuestra historia
económica".
En 2013 el déficit debe situarse en el 3% del PIB, para lo que
resulta "imprescindible" que en 2011 alcance el 6% en el conjunto de las
administraciones públicas, según el proyecto de ley. Para el Gobierno, la
consolidación fiscal resulta "inaplazable" para evitar la vulnerabilidad de la
economía española en los mercados de deuda pública y para conseguir que la
financiación de dicha deuda se haga en condiciones asequibles.
Para ello el
Gobierno considera necesario completar la puesta en marcha de las reformas
laboral, del sistema financiero y de la energía. Además, el Gobierno recuerda
que el envejecimiento de la población requiere a medio plazo una reforma de las
pensiones, que tiene como propuesta principal elevar la edad legal de jubilación
de los 65 a los 67 años y que debe estudiar fórmulas para "reforzar" la relación
entre las cotizaciones "a lo largo de la vida laboral" y las
prestaciones.
Las cuatro reformas citadas marcan el camino para continuar la
transición a un nuevo modelo de crecimiento "más sostenible y
competitivo". En paralelo, el Ejecutivo subraya que ha puesto en marcha la
transposición a la normativa española de la directiva comunitaria de servicios y
se tramita en el Congreso el proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación; y asegura que se seguirá profundizando en la liberalización de los
mercados de bienes y servicios.
El Gobierno recuerda que el esfuerzo de
consolidación debe ser repartido entre la administración central (debe reducir
su PIB en 1,9 puntos entre 2010 y 2011), las autonomías (en 1,1 puntos del PIB)
y las corporaciones locales (en 0,1 puntos). A ello contribuirá el que la
recaudación de todas las figuras tributarias crecerá en 2011 -el IRPF el 6%, el
Impuesto sobre Sociedades el 9,3%, por IVA el 7,3% y por impuestos especiales un
2,3%-.
Desde el punto de vista del gasto, el mayor esfuerzo de austeridad se
concentrará en los ministerios, que recortarán sus partidas en un 15,6%, al
tiempo que se mantendrán congelados los salarios de sus trabajadores.
Esta
rebaja supondrá que a I+D+i se dediquen 7.518,49 millones de euros (un 7% menos
que en 2010), a infraestructuras 17.073,93 millones de euros (de los que 6.947
millones irán a ferrocarriles y 2.540.36 millones a carreteras), a educación
2.840,58 millones.
GASTOS SOCIALES
A pesar de la apuesta decidida por la austeridad y las
reformas, los gastos sociales suponen el 58% del presupuesto. Gran parte se
destinará a los créditos para prestaciones por desempleo, que alcanzarán los
30.140 millones de euros (algo menos que los 30.612,42 millones de 2010).
En
el proyecto de ley se indica que el principal problema de la economía española
es el desempleo, que alcanzó una tasa del 20,1% en el segundo trimestre de 2010,
lo que supone un "elevado" coste social y económico, así como una "importante
carga" para las finanzas públicas.
Con el objetivo de reducirlo, sigue
habiendo una importante partida para las políticas activas de empleo, aunque
menor que la de 2010: 7.322,80 millones frente a los 7.749,77 millones del año
pasado. De la cantidad prevista, 4.455,33 millones son para actuaciones de
inserción y 2.754,25 millones para formación.
Entretanto, la partida que sí
crecerá en 2011 será la de pensiones, un 3,6%, ya que estará dotada con
112.215,76 millones de euros.
También se incluye un esfuerzo "considerable"
según el Gobierno en atención a la dependencia, para lo que se dotarán créditos
por importe de 1.498,44 millones.
Por otra parte, a la seguridad ciudadana se
dedicarán 5.388 millones de euros y a la ayuda oficial al desarrollo 4.350
millones.