Luz verde a la tramitación de la ley que "reordena" la Administración gallega para ahorrar 10 millones de euros
El Parlamento gallego apoyó -al rechazar las enmiendas de la oposición- el inicio de la tramitación del 'Proxecto de Lei de Organización e Funcionamento da Administración xeral e o Sector Público Autonomico de Galicia', que según el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se traducirá en la supresión de 48 entes instrumentales, la mejora de 16 y un coste a las arcas autonómicas de 10 millones menos al año.
En el debate sobre la toma en consideración de este texto que se celebró hoy en el Parlamento gallego, Rueda admitió que si bien esta normativa contempla la creación de "tres axencias" también "suprime moitas máis, máis da metade" de las existentes ahora. En su exposición ante los grupos, argumentó que esta "lei paraugas" tiene "tres obxectivos", que son "avanzar na ordenación" de la Administrción, la "transparencia e seguridade xurídica" y "sistematizar os entes instrumentais".
Respecto al primer objetivo, Rueda señaló que "por primeira vez" habrá "unha visión conxunta" de la Administración que permitirá "delimitar" las funciones de cada departamento y evitar "que haxa centros directivos que compitan entre sí". En materia de transparencia explicó que se creará un registro público de organismos instrumentales y que éstos se verán obligados a "presentar" justificaciones de sus compras ante la Consellería encargada de los presupuestos. Sobre el tercer objetivo, aludió a la mejora de los "mecanismos de control".
En opinión del conselleiro de Presidencia este proyecto de ley es un ejercicio de "coherencia" del actual Ejecutivo, pues "imos facer dende o Goberno o que pedimos na oposición" y sin que esto, dijo, "comprte un incremento do gasto" en los presupuestos.
Frente a las tesis expuestas por el Gobierno, los dos grupos de la oposición (PSdeG y BNG) coincidieron en apuntar que lejos de suponer la supresión de "chiringuitos", esta normativa crea algunos nuevos. El nacionalista Alfredo Suárez Canal defendió la devolución de este texto alegando que "o obxectivo fundamental" del proyecto de ley "non é mellorar os servizos públicos á sociedade". Además, señaló que tras esta ley el número de entidades paralelas "que quedan son dúas máis, non hai reducción ningunha", señaló.
Entre las críticas al texto añadió que "non hai blindaxe de determinados servizos no sector público", algo que ejemplificó señalando que esta norma sigue dejando la puerta abierta a que la privatización de determinados servicios sanitarios. Tampoco comparte que por ley se establezca la figura de los "delegados territoriais" y criticó que el "articulado" presentado ante el Parlamento es "unha auténtica chapuza".
Por su parte, el socialista José Manuel Lage Tuñas también señaló que la normativa "aumenta o número de entes e chiringuitos" y reprochó que la Xunta defienda que esta ley aporta transparencia cuando al mismo tiempo pretende incluir en la ley de los presupuestos de Galicia para 2011 diferentes reformas legislativas. Entre ellas, dijo, que el Consello da Xunta tenga poder para "rehabilitar a funcionarios que foron condenados pola Xustiza". Asimismo, aseguró que el Gobierno gallego pretende también modificar "a lei de transparencia" y hacer "forzosa a mobilidade dos funcionarios".
En relación con la toma en consideración de la normativa que se debatió hoy, Lage Tiñas aseguró que "crear tres novos chiringuitos" y que supone aumentar "o persoal" y con "máis discrecionalidade". Además, asegura que la ley permite que "altos cargos da administración paralela cobren máis que o presidente". "Vostedes apostan polos chiringuitos" y están "abrindo a porta a un incremento" de los mismos.
SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE
Con los votos a favor del grupo popular, el Parlamento gallego aprobó hoy un proyecto de ley cuyo objetivo es la supresión del Servizo Galego de Igualdade (SGI). Así, los populares no aceptaron las enmiendas de socialistas y nacionalistas, quienes reclamaron la permanencia de este órgano, aunque de su dirección se encargase la Secretaría Xeral de Igualdade.
La diputada nacionalista Ana Pontón aseguró que los argumentos del Gobierno gallego para suprimir este servicio "son falsidades". Así, aseguró que no hay ahorro de salarios, ni se racionaliza la administración. Aa su entender, el problema de fondo es "a axenda oculta do PP" que quiere "recortar" las políticas de igualdad, lo que a su entender "vai ter consecuencias a curto, medio e longo prazo". Para votar a favor de la propuesta legislativa del Gobierno Pontón sugirió modificar sólo el artículo 10 en la ley del SGI, cambiando que en lugar de rango de directora xeral, la responsable de este servicio tenga el de secretaria xeral, y estableciendo que el SGI dependerá de la Presidencia de la Xunta.
En términos similares se expresó la diputada socialista Silvia Fraga, quien reprochó que la Xunta suprimiese la web del SGI incluso antes de su supresión. También definió como "falsos" los argumentos que esgrime el Gobierno para justificar el cierre del servicio y abogó, igualmente, por la "blindaxe institucional das políticas de igualdade", con la misma fórmula que la plantada por los nacionalistas. En opinión de Silvia Fraga "o PP se escuda na austeridade para acabar co que ten que ver coas políticas sociais" y reprochó que consideren que el SGI ya cumplió su función, pues eso implica creer que "se acadou a igualdade real". "O vivir á marxe da realidade leva a que se produzan equivocacións, por non dicir barbaridades", reprochó.
La popular Paula Prado defendió la supresión de este servicio porque considera que las políticas de igualdad se mantienen a través de la Secretaría Xeral de Igualdade. A su entender, "queda garantido que estarán a salvo porque dependen do presidente da Xunta". No obstante, planteó una posición diferente respecto al Gobierno central. En opinión de la diputada es necesaria la "eliminación do Ministerio de Igualdade, porque a competencia se pode levar a cabo polo Instituto da Muller". Además, consideró que igualdad no es lo que entiende "Zapatero", y que en opinión de la popular es "ter ministras mulleres só polo feito de ser mulleres".