El Gobierno ha garantizado el "derecho" de los usuarios de la sanidad
pública en todas las comunidades autónomas a no esperar más de seis meses (180
días naturales) en las intervenciones de cirugía cardíaca valvular y coronaria,
cataratas y prótesis de cadera y de rodilla.
La ministra de Salud y Política
Social, Trinidad Jiménez, ha presidido En Palma la reunión del Consejo
Interritorial de sanidad y ha expresado su satisfacción porque se trata de un
nuevo "derecho" de los ciudadanos y porque los tiempos máximos de espera serán
los mismos en todo el Estado. El tiempo de espera del paciente comenzará a
contar a partir de la entrada del paciente en el registro de listas de
espera.
Esta mejora sanitaria es un "primer paso" pues la intención del
Gobierno es recortar aún más estos plazos, así como la visita a consultas
externas (la primera consulta de atención especializada) y las referidas a los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pero siempre con el consenso de las
comunidades autónomas, ha manifestado la ministra.
El ministerio ha
presentado hoy este proyecto de real decreto a los consejeros de las
comunidades, que deberán establecer las medidas pertinentes para cumplir con
estos plazos máximos, como la derivación de pacientes a hospitales privados, una
medida que ya se aplica en algunos territorios. La ministra ha precisado que
las intervenciones de carácter urgente se llevarán a cabo sin dilación
alguna.
En su reunión de hoy, el Consejo Interterritorial ha aprobado la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de garantizar los derechos
sexuales y reproductivos de los ciudadanos reconocidos por organismos
internacionales como Naciones Unidas. Se trata de abordar su desarrollo, ha
comentado la ministra, no solo desde la ausencia de la enfermedad, sino también
para vivir una sexualidad plena y satisfactoria.
El documento recomienda
mejorar la información en salud sexual y fijar herramientas que permitan conocer
las necesidades de la población.
Por lo que respecta a la atención sanitaria,
la Estrategia recomienda no sólo centrarse en los aspectos biológicos, sino
también psicológicos y sociales. Entre sus fines también se incluye mejorar el
acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión
sexual y consensuar una cartera de servicios comunes para la atención
sexual.
Por otra parte, el Ministerio ha presentado también al Consejo
Interterritorial una orden que introduce novedades en la cartera de servicios
del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la financiación de los trasplantes
cuando se hacen con donantes vivos y con la introducción de una nueva prestación
con productos dietéticos.
La orden establece que en el caso concreto del
trasplante de vivo, tanto si es de órganos sólidos como alotrasplante de
progenitores hematopoyéticos (emparentado y no emparentado), se incluirá la
atención relacionada con el proceso de la donación, así como sus posibles
complicaciones.
Sobre la advertencia de algunas comunidades autónomas en el
encuentro de hoy acerca de la actual viabilidad del sistema sanitario por su
elevado coste y la caída de ingresos de las comunidades, la ministra ha
subrayado que ningún consejero ha planteado ninguna medida para que fuera
debatida. En este sentido, ha reiterado por "enésima vez" que no es
partidaria del "copago" porque en su opinión no es la solución a este
problema.
Finalmente, la titular de Sanidad y Política también ha dado a
conocer el anteproyecto de Ley de Adaptación normativa a la convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que recoge
medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por sí mismas
decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos
clínicos.
Además, se regula el derecho a recibir la información en formatos
accesibles para las personas con discapacidad y se incluye la discapacidad como
causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas
administraciones públicas sanitarias.