El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha propuesto incluir una declaración sobre la lengua gallega que la reconozca como parte esencial del legado inmaterial en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, cuyo anteproyecto se está elaborando y sustituirá a la norma de 1995.
Varela presentó en el Parlamento la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2009 y, durante su intervención, explicó que la futura ley debería hacer una "declaración de principio" sobre el "elemento más importante integrante del patrimonio cultural" de Galicia, como es la lengua. "En cuanto testimonio y fundamento de la identidad colectiva es un elemento esencial y vector integrante de nuestro patrimonio cultural inmaterial", subrayó.
Todo ello, precisó, "sin perjuicio de que en su enseñanza, valoración y defensa, así como en su difusión internacional y efectiva transmisión intergeneracional, constituyan y deban ser objeto de legislación y políticas propias".
Sobre la utilización de la lengua gallega en la justicia, Varela indicó que se trata de un "territorio difícil" para asumir su uso normal pese a que se están intentando "vencer estas reticencias" de las aplicaciones informáticas, que normalmente no lo hacen posible. No obstante y tras considerar "fundamental" la adecuación de los medios tecnológicos en este sentido, el fiscal superior dijo que queda "camino por recorrer" para cumplir la legislación y que una personas pueda ejercer su derecho a ser atendida en las dos lenguas. Se trata, concluyó, de una tarea que "por dificultades materiales no damos hecho".
Asimismo y en cuanto al patrimonio, Varela recordó que el pasado año se registraron 25 procedimientos judiciales penales por delitos contra el patrimonio histórico, que dieron lugar a 11 escritos de acusación por la Fiscalía, y diversas denuncias por sustracción de objetos de carácter religioso, lo que "confirma las sospechas" de la existencia en Galicia de un "consolidado tráfico" comercial ilícito.
Aludió a las sentencias relativas a la extracción de material de un pecio del siglo XIX en la costa de Ribeira y a la destrucción de depósitos arqueológicos de interés en Vilarchao, en A Fonsagrada (Lugo), para insistir en la importancia de la conservación de este patrimonio, en la que juegan un gran papel los Ayuntamientos, dijo.
"Un país como Galicia, que recibe anualmente miles de visitantes, tiene la necesidad de procurar, a través del patrimonio histórico municipal, el desarrollo de la llamada economía de la cultura como alternativa a las fórmulas más tradicionales de turismo, algunas claramente agotadas y, en muchos casos, difícilmente conciliables con la legalidad patrimonial y medioambiental", argumentó.
Por ello, se mostró partidario de ser "ambiciosos" a la hora de articular esta Ley de Patrimonio Cultural para que sea de "última generación" e incorpore las distintas tipologías de bienes culturales con medidas de protección específicas, con la finalidad permanente de impedir su deterioro, pérdida o comercio ilegal.