Galicia contará en un año con un grupo de la Guardia Civil especializado en corrupción urbanística

La Xunta anuncia nuevas leyes para poner fin a la "marbellización" de la Comunidad

Galicia contará en el plazo de un año con un equipo de trabajo de la Guardia Civil especializado en corrupción urbanística y delitos contra la ordenación del territorio. Se trata de un proyecto nacional con presencia en el conjunto de las comunidades autónomas, según confirmaron a AGN. El grupo gallego estará operativo en el segundo semestre del año 2007, según las previsiones iniciales del organismo que gestiona Joan Mesquida. Estas unidades especializadas en la lucha contra la corrupción urbanística, concebida por Guardia Civil y Policía como un nuevo tipo de delincuencia organizada, dependerán de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional. Sus componentes se especializarán en derecho urbanístico y en el análisis e investigación de patrimonios personales. Según declaró Mesquida recientemente, "servirán, entre otras cosas, para poner de manifiesto que no existe relación entre las retribuciones de algunas persona y su tren de vida". La Guardia Civil quiere terminar con los casos de corrupción de personajes políticos ligados a planes de urbanismo ilegales, así como con la puesta en marcha de ordenamientos urbanos 'ajenos' a la legislación. Será en cualquier caso una labor distinta a la llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil, que sólo se dirige a la investigación de construcciones ilegales en zonas protegidas. El equipo de gestión de Mesquida considera imprescindible para el éxito de esta iniciativa la colaboración de las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, los primeros pasos serán más sencillos por la coincidencia ideológica de los partidos que ocupan actualmente el Gobierno. Además, las comunidades costeras, con un elevado auge de la construcción en las zonas más próximas al litoral, serán uno de los principales objetivos de este grupo especializado de la Guardia Civil. Sus miembros destinados a Galicia estarán asentados antes de finales del próximo año. Casos recientes Galicia ha vivido en los últimos meses casos de conflicto entre la Xunta y determinados ayuntamientos por sus planes de ordenación urbanística. Es el caso de Tui o Sada, además de otros municipios que han recibido advertencias por parte de las consellerías de Obras Públicas y Vivenda. Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta, ya ha anunciado a la opinión pública que a lo largo del presente curso político se hará realidad un plan de choque para terminar con los abusos urbanísticos. El Ejecutivo gallego quiere terminar con la "marbellización de Galicia", como aseguró el propio Touriño, y el nuevo texto legislativo, aún por concretar, estará listo antes de la próxima primavera. Informe de Greenpeace Galicia se encuentra entre las comunidades que acumulan más agresiones en su litoral, con 283.600 nuevas viviendas en los últimos cinco años, 17 nuevos campos de golf, 15 proyectos de construcción o ampliación de puertos deportivos para albergar 3.500 amarres y 26 localidades con vertidos en su litoral, según un informe presentado este verano por Greenpeace. Para esta organización, el compromiso de la Xunta para elaborar unas Directrices de Ordenación del Territorio en el plazo de un año deben ir acompañadas de una moratoria sobre los nuevos planes urbanísticos hasta su aprobación. "De otra forma, estaremos asistiendo al mismo engaño ya conocido en otras zonas del litoral: los plazos para la entrada en vigor de nuevas leyes sólo sirven para incentivar más aún la construcción", asegura un representante de Greenpeace. El citado informe repasa las principales riesgos que tiene Galicia, destacando "la saturación urbanística, el aumento del número de campos de golf, los numerosos casos de corrupción asociados al urbanismo, el incremento de nuevos puertos deportivos y los graves problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales". La labor de la nueva unidad de la Guardia Civil tiene que ser por lo tanto fundamenal para poner coto a estas prácticas, una auténtica amenaza para la costa gallega. Es la meta de la Administración y contará con el apoyo de sindicatos y organizaciones no gubernamentales.