El PP propone que el Estatuto blinde la inversión estatal con 25.000 millones en diez años para las infraestructuras

Pide garantías para que el presupuesto no ejecutado se acumule en el siguiente ejercicio, un fondo de 200 millones por la dispersión y una agencia tributaria propia

El PP dio a conocer su propuesta económica y financiera para incluir en el nuevo Estatuto. Los populares exigen una inversión estatal de unos 2.500 millones de euros anuales durante los próximos diez años con el objetivo de que se cumplan los plazos de ejecución de las infraestructuras estatales. Se trata, según explicó en Punto Radio Xosé Antón Orza, de que no se "diluya" la prioridad que el Estado había marcado con el Plan Galicia. El ex conselleiro destacó, entre las demandas populares, la exigencia de una comisión de seguimiento de las inversiones, de forma que si no se ejecutan las partidas previstas para un ejercicio se sume al siguiente Presupuesto de manera de que no se puedan "desviar" partidas destinadas para Galicia. Además, el Estado deberá presentar un estudio anual del programa de gasto y su evolución. Orza también precisó que los 2.500 millones de euros anuales son una cantidad de referencia, ya que podría variar dependiendo de si permiten cumplir o no los plazos de las infraestructuras contempladas en el Plan Galicia. Además, el Partido Popular reclama al Estado una dotación de 700 millones de euros al año para el período 2007-2013 (para lograr un mínimo de 3.600 millones) en concepto de cohesión y solidaridad para compensar la reducción de los fondos europeos. Orza afirmó que el PP plantea una propuesta "ambiciosa e que pretende ser galega". Para ello, aboga por que se incorporen peculiaridades propias de Galicia como la dispersión poblacional y que se cree un fondo para la emigración con una dotación mínima de 60 millones de euros anuales. Con el objetivo de dar "un forte impulso" a la suficiencia financiera, se contempla la posibilidad de fijar una financiación adicional de 200 millones de euros anuales, para dar cobertura al peso de la dispersión en Galicia. Asimismo, se pide que la reforma estatutaria recoja una garantía mínima de financiación, que permita mantener la posición relativa alcanzada por Galicia mientras no se apruebe un mapa de servicios. Según el PP, el aumento de la autonomía financiera debe sustentarse sobre el incremento de los tributos propios; mayores competencias normativas; el aumento del porcentaje de gestión de los impuestos parcialmente cedidos (hasta el 50 por ciento para el IVA y el IRPF y un 58 por ciento para los impuestos especiales); y la creación de una agencia tributaria propia que se encargue de la gestión de las tasas junto a la estatal. Orza aseguró que se trata de una propuesta "absolutamente constitucional", con la que se pretende "dar importantes pasos adiante en materia de suficiencia, economía financieira e compromiso do Estado con Galicia". Por su parte, Palmou indicó que el PP presentó su propuesta económica "cumprindo escrupulosamente" el plan de trabajo acordado en el seno de la ponencia. Según manifestó, se trata de una aclaración "moi oportuna" por las voces que apuntan a una estrategia de dilación del proceso por parte de los 'populares'. Plazos de aprobación Sobre la fecha en la que podrá ser aprobada la propuesta de reforma del Estatuto, el PP no ve "posible" que el texto sea aprobado por la Cámara gallega antes de que finalice el año, tal como apuntan las previsiones de los socios de gobierno. Así, el diputado popular Xesús Palmou aseguró que "é pouco serio" dar este plazo, porque los trámites parlamentarios están "perfectamente regulados con prazos". En una rueda de prensa en la que el PPdeG presentó su propuesta financiera y económica para el nuevo texto estatutario, Palmou indicó que, en su opinión, es "posible" que la ponencia elabore un texto antes de que finalice 2006. Sin embargo, ante a la posibilidad de contar con un documento aprobado por el Parlamento se mostró más escéptico. En este sentido, aseguró que "simplemente aplicando o regulamento e cumprindo os prazos que rigurosamente hai que seguir, entendemos que non é posible". Así, explicó que una vez que la ponencia redacte un texto, éste tendrá que ser debatido en la Comisión de reforma del Estatuto. Posteriormente, pasará a la Mesa del Parlamento, abriéndose un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones. A esto seguirá el debate de totalidad en pleno, tras el cual el texto pasará a la Comisión Institucional para ser aprobado definitivamente en pleno. Palmou indicó que estos trámites parlamentarios tienen unos plazos "perfectamente regulados", por lo que "non é materialmente posible" que se cumplan antes del 31 de diciembre. En esta dirección, aseguró que si el Parlamento no aprueba el nuevo Estatuto antes de que finalice el año "non será por culpa do PP nin dos deputados populares que están na ponencia". Aún así, Palmou aseveró que los más importante es que los trabajos avancen para que haya acuerdos "e que consigamos o mellor texto para Galicia".