FÁRMACOS
Farmaindustria interpone un recurso contra el catálogo gallego de fármacos
Farmaindustria interpuso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso contencioso-administrativo contra el catálogo priorizado de medicamentos de la Xunta por considerar que invade competencias estatales y vulnera la legalidad vigente.
La asociación empresarial de la industria farmacéutica ha remitido hoy un comunicado en el que informa también de que ha pedido al Tribunal que suspenda la aplicación de la norma en tanto se resuelve dicho recurso, ya que, según destaca, "los daños que genera son irreparables".
Farmaindustria señala que la entrada en vigor de este catálogo obliga a los pacientes gallegos a enfrentarse a cientos de miles de cambios de envases en los tratamientos que recibían hasta ahora, cuando "tendría que ser el médico el que decidiera si a cada paciente se le mantiene el tratamiento o se le cambia".
La patronal advierte de que esta medida atenta contra la cohesión y la unidad del mercado y "va a tener consecuencias irreparables para distintos agentes de la cadena del medicamento" al restringir la oferta de fármacos y productos sanitarios cubierta por la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
También la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha remitido hoy un comunicado en el que denuncia el catálogo aprobado por la Xunta, al considerar que rompe la cohesión del Sistema Nacional de Salud, compromete la calidad de la asistencia y coarta la libertad de prescripción que la ley otorga a los médicos.
La FACME, que agrupa a 37 sociedades científicas, señala que la competencia sobre inclusión o exclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud corresponde de manera "única y exclusiva" al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, como garante de la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Para esta organización, la medida adoptada en Galicia restringe el acceso a medicamentos que cumplen todos los requisitos legales para recibir financiación pública y que están sufragados en el resto de comunidades autónomas, lo que genera desigualdades y supone la ruptura de la equidad en el acceso de los pacientes a los medicamentos del Sistema Nacional de Salud.