El Gobierno gallego aprobó de forma definitiva en el Consello da Xunta las directrices de ordenación del territorio (DOT) y el plan de ordenación litoral (POL), con los que Galicia "cumpre unha asignatura pendente" y se dota, "por primeira vez, dun marco normativo estable que ordene o territorio e protexe o litoral de forma efectiva".
Así lo indicó tras la reunión el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que ahora la comunidad tiene unas reglas del juego "claras e definidas". Explicó además que estos documentos completan la "planificación territorial" y que son documentos que guiarán "a xestión territorial das próximas décadas, do próximo medio século".
Al entender del dirigente autonómico, sendos documentos eran "inaprazables", y añadió que "antes de que se cumpra a metade da lexislatura, os compromisos máis perentorios co territorio quedan finalizados".
La Xunta ordena con ellos 215.359 hectáreas (algo más del 7% de la superficie total de galicia). Esto supone triplicar las hectáreas protegidas en la Lei dos 500 metros. Asimismo, según Feijóo, se preservan 9,625 hectárea, frente a las 6.135 de la legislatura anterior. Se incrementa, añadió, "un 57% a área do litoral protexida".
El pasado 29 de enero el Gobierno central dio luz verde a la ordenación del territorio propuesta por el Gobierno gallego. Ese día llegó a la Xunta de Galicia el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino --a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar-- para la aprobación definitiva de las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) así como para el Plan de Ordenación do Litoral (POL).
Este era el último trámite oficial que había que esperar para poder llevar a cabo la aprobación definitiva de estos dos documentos, fundamentales para el desarrollo "racional e sostible" del territorio gallego, según la Administración gallega. El Consello da Xunta llevará a cabo esta aprobación definitiva, paso previo para su entrada en vigor mediante la publicación en el Diario Oficial de Galicia en el caso del POL, y en el DOG y en el BOE en el caso de las DOT.
Desde la Xunta de Galicia señalaron en su momento que la aprobación definitiva de ambos documentos supone un hito en la ordenación territorial de Galicia, ya que por fin tendrá unos criterios generales para su desarrollo y le será de gran ayuda a los ayuntamientos a la hora de redactar sus normas.
Las DOT establecen las reglas de juego para la implantación de los usos y actividades en coherencia con las políticas sociales, económicas, culturales y ambientales. Con esta aprobación se cerrará un proceso que había comenzado en 1995 con la aprobación en el Parlamento de Galicia de la Lei de Ordenación do Territorio de Galicia y que pasó una dificultosa tramitación hasta hoy.
DIRECTRICES DEL TERRITORIO Y ORDENACIÓN DEL LITORAL
Las DOT implicaron, tras la aprobación provisional del documento, una tramitación parlamentaria --que tuvo lugar el 30 de diciembre-- para que los distintos grupos políticos con representación pudieran hacer sus aportaciones. Como resultado de esta tramitación, la Cámara gallega elaboró un documento con las enmiendas aprobadas al efecto, contando con un total de 9 propuestas de cambios que afectaban a 7 determinaciones del epígrafe 3, dedicado al desarrollo y ordenación de los asentamientos, de las áreas empresariales y de las actividades productivas.
En cuanto al POL, es fruto de un intenso análisis del litoral gallego, con el objetivo de conseguir un plan hecho a la medida de Galicia, que tenga en cuenta la complejidad y riqueza de cada palmo de la costa y en el que se contó con la participación de todos los agentes sociales vinculados. En este sentido, desde el comienzo de su tramitación, toda la información y el material del POL estuvo a disposición pública en la web creada ad hoc.
Según defiende la Xunta de Galicia, se trata de un plan territorial integrado que ordena y protege "tres veces máis hectáreas" que la anterior prohibición de edificación en los 500 metros del litoral. Asimismo, subrayan que nació con "vocación de consenso" y de "permanencia no futuro" y con el objetivo de cerrar este año un proceso que comenzó en 2006.