El Ministerio de Defensa ha reconocido la insuficiencia de condiciones psicofísicas a un alférez de navío pontevedrés de la Armada española por considerar que el cáncer de pleura que se le diagnosticó está relacionado con la inhalación de amianto en los barcos del Estado en los que desarrolló su vida profesional, realizando trabajos de reparación. El despacho de abogados encargado del caso, que informó de esta decisión del departamento dirigido por Carme Chacón, retomará ahora la demanda interpuesta contra el Estado por daños y perjuicios. Además, ha reclamado una indemnización al Fondo de Compensación de Estados Unidos.
El militar declarado incapacitado, natural de Augasantas y que trabajó en la reparación de buques entre los años 1968 y 2000, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en 2009 a consecuencia de la enfermedad, en una operación en la que se le extirpó el pulmón derecho y de la que se continúa recuperando. El alférez prestó servicio en nueve barcos en la especialidad de Mecánica durante un período ininterrumpido de 32 años, tiempo en el que, según los abogados, "estuvo expuesto al amianto, material muy utilizado para la construcción y reparación entre las décadas de los 60, 70 y 80".
En esa línea, inciden en que un informe emitido por la jefatura del ramo técnico de plataformas navales de la Dirección de Construcciones Navales lleva a sospechar que, debido a la tecnología utilizada durante los años en que se diseñaron y construyeron los buques en los que trabajó el afectado, se utilizó amianto para el aislamiento y los forros.
Reconocida la incapacidad profesional "acaecida en acto de servicio", el despacho Oria, Peña, Pajares y Asociados -unidos al bufete estadounidense Seeger&Weiss- retomará el curso de la demanda que ya se interpuso en su día contra el Estado pero que fue paralizada a expensas del pronunciamiento emitido ahora por Defensa.
Además, ha presentado una reclamación ante el Fondo de Compensación de Estados Unidos, ya que también considera responsables de las consecuencias de la exposición al amianto a las empresas americanas que exportaron el material.
Andrea Peiró, abogada demandante y representante del alférez pontevedrés, subraya que el amianto es un material "altamente peligroso" y que, debido a que no es muy compacto, "puede desprenderse, esparcirse en el aire y ser inhalado, con un período de latencia de la enfermedad de entre 20 y 30 años".
3.500 AFECTADOS EN GALICIA
Según el despacho, se calcula que en España puede haber más de 80.000 afectados por amianto, de los que 3.500 se encontrarían en Galicia, la mayoría en el entorno de Ferrol. La Asociación Galega de Vítimas do Amianto (Agavida) trabaja para conseguir compensaciones "justas", así como mejoras en la atención sanitaria de estas personas. "Hay todavía un censo de unas 20.000 que han trabajado en pequeñas empresas y compañías auxiliares de sectores como la construcción, ferrocarriles, etc.", subraya el presidente del colectivo, Cristóbal Carneiro.
Más allá de estos profesionales, Agavida considera que el colectivo de los militares que han prestado servicio en barcos es uno de los más "desprotegidos", y denuncia que los reconocimientos a los que son sometidos "no son lo suficientemente exhaustivos" como para detectar las consecuencias del amianto.
Atendiendo a la información facilitada por el despacho de abogados, se calcula que hasta 2030 morirán en España 50.000 personas por cáncer relacionado con el amianto, ya que cada año se registran unos 1.200 fallecimientos por este motivo. Y es que --subraya-- esta fibra se ha identificado como causa probable de un gran número de enfermedades mortales, como la asbestosis y el mesotelioma.