JUICIO
La defensa alega que no hay una red organizada tras el narcosubmarino hallado en la ría de Vigo
Los abogados de seis de los siete detenidos por el intento de introducir cocaína en la ría de Vigo a bordo de un submarino en 2006 han alegado hoy, en la primera sesión del juicio celebrado en la Sala 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que no existía un grupo criminal organizado tras esta operación.
No compareció el conductor del sumergible, Juan Carlos G., en rebeldía desde el pasado día 15, cuando se aplazó hasta hoy el comienzo de la vista, como tampoco el venezolano Ángel David Ríos, detenido en una operación desarrollada en varios puntos de la provincia de Pontevedra, Estepona (Málaga), Ulldecona (Tarragona), Sevilla y Majadahonda (Madrid).
La defensa pide la libre absolución por la inexistencia de delito contra la salud pública, al no ser intervenida cantidad de droga alguna cuando fue requisado el sumergible, abandonado en mitad de la ría viguesa, como tampoco en los registros domiciliarios, mientras que la fiscalía solicita penas de prisión que suman 121 años.
En todo caso, las partes han mostrado su predisposición a llegar a una conformidad, a la vista de que la calificación deberá ser modificada por la reforma del Código Penal.
De hecho, Fernando Rubianes, abogado de uno de los acusados, ha confirmado en los exteriores de la sala un "principio de acuerdo" con la fiscalía respecto a los hechos, que los acusados reconocieron en el juicio, pero no sobre las penas.
Incluso ha cuantificado la rebaja de la petición de penas por parte de la fiscalía, que oscilarían entre 3 años y 9 meses y 2 años y 3 meses, en función del grado de participación de cada acusado y de si tienen antecedentes, mientras que la defensa propone "aproximadamente la mitad", la libertad condicional o la libre absolución, según el caso.
La defensa se ha apoyado en las declaraciones de los agentes intervinientes en la investigación y en las posteriores detenciones, para tratar de demostrar que no hay pruebas de que existiera un jefe ni una jerarquía definida, como tampoco de que hubiera nadie encargado de descargar y transportar la droga una vez en tierra.
La policía tiene identificados a Manuel Clemente como autor del sumergible; a Francisco Omil, como intermediario; a Tomás Bengoechea y Juan Serrano, como encargados de la financiación; a José Jesús Iglesias, como responsable de labores de contravigilancia, y a Juan Manuel González, como encargado del velero usado en labores de apoyo y logística.
El jefe de la unidad de lucha contra la droga de la Comisaría de la Policía de Vigo ha relatado que la única información que manejaban sobre la droga que la trama pretendía introducir en Galicia procedía de un colaborador de la Guardia Civil, que advirtió de un transporte de entre 2.000 y 3.000 kilos de cocaína.
Ha reconocido que en las escuchas telefónicas realizadas no hubo ninguna mención al tipo de droga y que tampoco se intervinieron sustancias estupefacientes en los registros domiciliarios, pero que "los preparativos" prolongados durante "meses" apuntan a que se disponían a colocar en Galicia una cantidad "importante" de droga.
Asimismo, ha revelado que a uno de los detenidos, Francisco Omil, que en 1996 fue condenado a diez años de cárcel por un delito contra la salud pública en el marco de la Operación Nécora, le descubrieron unas coordenadas correspondientes a una zona, cercana a las Azores, donde frecuentemente se producen encuentros entre embarcaciones para hacer desembarcos de droga.
Este inspector también ha confirmado que tras el hallazgo del narcosubmarino continuaron los contactos al objeto de realizar el transporte de la droga a través del velero, que tenía previsto ir al encuentro de un barco nodriza en las cercanías del archipiélago de las Azores.
La desarticulación de la red se produjo en noviembre de 2006, tres meses después de que apareciera abandonado en medio de la ría de Vigo un submarino de fabricación casera, de 11 metros de eslora y unos 2 de manga, similar al utilizado por los carteles de cocaína en Colombia.
Según el escrito de la fiscalía, el 12 de agosto de 2006, el piloto, que se encuentra en paradero desconocido, decidió abandonar, "presa del pánico", el sumergible porque desconfiaba de su seguridad tras los problemas mecánicos detectados en una primera botadura.
Los contactos colombianos propietarios de la droga, al enterarse por los medios de comunicación de que el grupo era investigado desde hacía un año, exigieron la devolución del dinero invertido en la operación.
Entonces los acusados intentaron organizar un nuevo transporte por su cuenta pero no pudieron cumplir sus planes porque fueron detenidos.