El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha ordenado cautelarmente que Iberdrola, Detisa y Atel-Alpiq mantengan el suministro eléctrico de cuatro centros de trabajo y plantas de producción de Clesa y Royne, que están situadas en Madrid, Pontevedra, Burgos y Cádiz.
En un auto publicado hoy, la juez Paula Araujo ha aceptado la petición que planteó este miércoles la familia Ruiz-Mateos, ya que de lo contrario "se causarían graves perjuicios económicos que probablemente harían inviable una de las finalidades principales del concurso que es la posibilidad de un convenio", es decir, un plan de viabilidad y de pagos de Clesa.
La juez señala que esa falta de viabilidad tendría "graves consecuencias sociales y laborales" para la empresa láctea, que cuenta con unos 800 empleados, incluidos los de Helados Royne.
Ante los impagos acumulados, las tres empresas habían amenazado con cortar el suministro en el centro de producción de Caldas de Reis (Pontevedra), en la fábrica de Madrid y en el centro de trabajo de Bascones del Agua (Burgos), mientras que Atel-Alpiq ya lo había hecho en el caso de las instalaciones de Helados Royne en Jerez de la Frontera.
La juez ha adoptado la medida cautelar sin escuchar a las tres empresas suministradoras debido a que "concurren razones de urgencia que aconsejan acordar la medida solicitada sin oír" a las partes, como es el "inminente corte del suministro" en los centros de trabajo y la ausencia de energía en el de Royne.
Pese a la adopción de las medidas cautelares, la juez aún no ha declarado a Clesa en concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), debido al conflicto de competencia que se ha planteado después de que la familia Ruiz-Mateos presentara la petición de insolvencia en Pontevedra, en vez de en Madrid, donde se había acogido al procedimiento blindado para negociar la deuda con los acreedores.