La Consellería de Econonía e Industria constituyó la comisión de seguimiento que se encargará de supervisar la ejecución de los proyectos industriales de los 38 promotores que obtuvieron megavatios (MW) en el concurso eólico. El director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, compareció en Santiago para informar de la puesta en marcha de este grupo, que se reunirá de forma periódica para controlar el desarrollo de los planes empresariales, siguiendo el cumplimiento de los cronogramas anuales en materia de inversiones y empleos.
“Este é un paso máis para conseguir unha maior seguridade na execución deste ambicioso proxecto industrial”, manifestó el representante de la Xunta. Tahoces negó que el desarrollo eólico esté “suspendido” e insistió en que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se desestima el recurso interpuesto por Enel Green Power, avalando la legalidad del concurso del bipartito, “non ten ningún efecto xurídico concreto” en el reparto actual.
Siguiendo la hoja de ruta del concurso resuelto en noviembre –por el que se adjudicaron 2.325 megavatios (MW)— la comisión empezará a analizar en su próxima reunión los planes industriales que los 24 promotores que obtuvieron menos megavatios del mínimo solicitado reformularon para adecuarlos a la proporción de potencia obtenida.
La materialización de las iniciativas de estos concursantes supondrá la creación de 2.698 empleos directos e inversiones por más de 2.080 millones de euros.
Paralelamente, cinco promotores desarrollarán íntegramente sus iniciativas por haber logrado el mismo número de megavatios que demandaron, lo que deberá traducirse en la creación de 120 puestos de trabajo y en un desembolso de 30,42 millones de euros.
En cuanto a la opción de la monetarización de la inversión, nueve empresas deberán ingresar 54,71 millones en el fondo de capital riesgo Sodiga, que gestiona la Xunta, en el plazo de un mes desde la puesta en funcionamiento de los parques.
“A resolución do concurso está lanzada e con traballo e responsabilidade de todos, Galicia empezará a recoller antes pronto que tarde os importantes froitos que están identificados”, constató Tahoces. En este sentido, destacó que, como consecuencia de la creación del canon eólico, la Xunta ha recaudado “preto de 50 millóns de euros” en dos años, con la previsión de movilizar otros 1.000 millones de euros durante la vida útil de los nuevos parques –unos 20 años--. Según el calendario del Plan Re-Xurde, todas las instalaciones deberán estar operando “no horizonte de 2016”, aunque todo dependerá “dos cupos que se determinen no rexistro de preasignación” del Ministerio de Industria. Para evitar perder tiempo, el departamento que dirige Javier Guerra prevé que las autorizaciones administrativas se concederán ya el próximo año.
MIEMBROS
Presidida por el director el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Eliseo Diéguez, la comisión de seguimiento de los planes industriales contará con cinco vocales: la jefa del servicio de Infraestructuras Enerxéticas de la Dirección Xeral de Industria; el director de planificación energética y la jefa de la unidad técnica de energía eólica del Inega; el subdirector de gestión de proyectos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y una técnico de XesGalicia.
Este órgano colegiado estará facultado para solicitar a los promotores la información necesaria para seguir el desarrollo anual de sus planes industriales, así como realizar las propuestas de modificación de las actuaciones comprendidas en los proyectos reprogramados. Asimismo, también se encargará de establecer procedimientos y calendarios de inspección, acometiendo las pertinentes propuestas de revocación de las adjudicaciones si se detecta un incumplimiento de las propuestas empresariales. En estos casos, las empresas también podrían enfrentarse a la apertura de un expediente sancionador, si bien Tahoces se mostró convencido de que los proyectos serán “escrupulosamente cumpridos e respectados”.
RECURSOS
Preguntado por el número de impugnaciones presentadas por promotores descontentos en contra de la resolución del concurso, el director xeral aseguró no tener constancia de que alguna empresa haya optado por la vía de lo contencioso-administrativo. Como avanzó recientemente el conselleiro, Tahoces confirmó que ante la consellería se presentaron 30 recursos de alzada, que serán contestados “un por un”. En un ejercicio de “transparencia”, recalcó que “baixo ningún concepto” la Xunta dejará de “dar a cara”, por lo que garantizó que “todos os recursos terán resolución expresa” dentro del plazo legal.
En cuanto al fallo del TSXG que desestima la impugnación del concurso del bipartito por parte de Enel, el director xeral negó que tenga efectos jurídicos sobre la convocatoria actual. Tras justificar que el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo anuló la anterior convocatoria en base a sendos informes del Consello Consultivo y de la asesoría jurídica de la Xunta en los que se señalaban “tachas de ilegalidade” en el proceso, Tahoces remarcó que el alto tribunal sólo se pronuncia “rexeitando os argumentos dunha empresa”, a lo que añadió el hecho de que el fallo aún “non é firme”. En conclusión, insistió en que el Ejecutivo gallego seguirá “adiante con este proceso con toda a convicción, toda a responsabilidade e todo o compromiso con Galicia”.
En cuanto a las nueve empresas que demandan indemnizaciones al Ejecutivo actual por las pérdidas ocasionadas por la anulación del concurso actual, el representante de la consellería indicó que se está instruyendo el correspondiente procedimiento para dar respuesta a estas reclamaciones. Sin concretar plazos, indicó que la resolución de estos expedientes “non tardará moito”.