PARLAMENTO

Inicia su tramitación la ley de convivencia escolar, que avala las consultas a los padres

 El proyecto de ley de convivencia y participación de la comunidad educativa inició su tramitación parlamentaria, después de que los votos de la mayoría del PP rechazasen las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. Tanto PSdeG como BNG reclamaron la devolución del texto por verlo un "bodrio" que "non recolle máis que vaguedades" y cuyo objetivo final es únicamente conferir una coartada y "agochar" bajo el concepto de participación las encuestas a los padres sobre el gallego. Frente a esto, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, aseguró que identificar las consultas con la lengua "é unha simplificación" y señaló que "hai tempo para enriquecer o texto".

En su intervención en defensa del proyecto, Vázquez destacó que la iniciativa "dignifica a labor docente" y aborda por "primeira vez" cuestiones como el acoso escolar y su modalidad de ciberacoso. Así, recordó que entre los años 2000 y 2010 se abrieron 10.000 expedientes disciplinarios por conflictos en las aulas, lo que supone una media de tres por cada mil estudiantes desde el curso 2000-2001. El conselleiro defendió que la ley busca "unha maior participación de todos os implicados nos procesos educativos", siguiendo recomendaciones de instituciones europeas o del Defensor del Pueblo, entre otras.

Así, proclamó que la ley nace en un "contexto de aposta pola participación e a corresponsabilidade, que dota a pais e nais de maior participación e mellora as condicións nas que os profesores imparten aulas". Frente a esto, tanto PSdeG como BNG cargaron contra la iniciativa y recordaron que "a propia comunidade educativa a rexeitou", con 21 votos (frente a 11) a favor de su retirada en el Consello Escolar.

Desde las filas del BNG, la portavoz en materia educativa, Carme Adán, achacó al texto una "ideoloxía reaccionaria e prohibicionista que busca e limitación da presenza da lingua galega" y acusó al conselleiro de haber hecho "oídos xordos" a las propuestas de diálogo. Adán defendió la enmienda a la totalidad del BNG frente a un texto "inoportuno", que propone "medidas de carácter represor e coercitivo" y que no es "clara" a la hora de regular temas "tan serios como o acoso escolar".

"Volven deixar toda a responsabilidade aos centros", acusó la diputada nacionalista, quien alertó de que las "vaguedades" de la ley abren la puerta a la discriminación religiosa, por ejemplo. "Este proxecto é a grande mentira do PP sobre a convivencia e participación escolar", resumió Adán, quien consideró que el "verdadeiro obxectivo" que persigue es reducir la presencia del gallego. "Estou absolutamente indignada pola burla que é para a comunidade educativa", proclamó, y la calificó de "farsa" cercana al "TDT Party madrileño".

Por su parte, el portavoz educativo del grupo socialista, Guillermo Meijón, aseguró que la Xunta no quiere "incrementar a participación, quere lapidala" y censuró que no se hubiesen atendido las propuestas del Consello Escolar. "Lei de convivencia si, este bodrio non", sentenció el parlamentario del PSdeG, al tiempo que recordó que la propia asesoría jurídica de la Xunta ya alertó de que la propuesta crea "inseguridade xurídica" porque "resulta imprecisa" en cuestiones como la participación y "crea problemas de interpretación e aplicación".

Asimismo, Meijón coincidió con Carme Adán en señalar que "esta lei sempre tivo agochada a súa verdadeira razón: dar cabida ás enquisas sobre o uso do galego nas aulas", y censuró que su aplicación no mejorará la labor docente. Al igual que su homólogo nacionalista, abogó por potenciar la estabilidad del profesorado y su formación continua. Guillermo Meijón defendió la enmienda a la totalidad de su grupo como un "agasallo" y una oportunidad de mejora. "Se lle queda algo de dignidade, espero que rectifique", instó al conselleiro.

Por su parte, el portavoz de Educación del grupo popular, Román Rodríguez, recriminó a la oposición su "posición absolutamente inmovilista, escapista e de confrontación total a toda innovación para mellorar o sistema educativo". En su intervención, defendió que "un só caso de maltrato e acoso xa xustificaría esta lei" y proclamó que la encuesta a los padres sobre el gallego se demostrará en el futuro "moi positiva". Finalmente, aseguró que el "axioma 'máis diñeiro=máis calidade educativa' non é certo".

PROTESTA DE LA CIG

En el exterior del Pazo do Hórreo, por su parte, un grupo de delegados del sindicato CIG protestaron contra el proyecto de ley, bajo el lema de que 'A Xunta regula conflicto e imposición e chámao convivencia e participación'. Los representantes sindicales censuraron no sólo el contenido del texto sino el modo en que fue aprobado, sin atender a los requerimientos de la comunidad educativa.

El proyecto de Lei de Convivencia e Participación da Comunidade educativa otorga al profesorado la consideración de "autoridade pública", permite a los centros educativos regular la vestimenta de los alumnos y refuerza la protección jurídica de los docentes, que estarán habilitados para requisar objetos --como teléfonos móviles-- o sustancias peligrosas. Asimismo, reduce los plazos para la imposición de sanciones y legisla, por primera vez en España, sobre el ciberacoso. En el ámbito de las familias, contempla que se realizarán consultas a los padres sobre el proceso educativo, desde la lengua a los posibles uniformes.