La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ha ordenado la paralización de la actividad extractiva en una mina ubicada dentro de la Red Natura, en el municipio lucense de Begonte, tras una denuncia presentada por la organización ecologista ADEGA en junio de 2009.
Según informó la propia organización ecologista, el informe de APLU reconoce que esa actividad extractiva se está desarrollando, "sobre un suelo de especial protección de espacios naturales", dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ladra-Parga-Támoga.
Además, la citada resolución aclara, según ADEGA, "que la empresa carece de autorización urbanística de la Xunta de Galicia y de licencia municipal para desarrollar esta actividad", por lo que ordena a la compañía que presente, en el plazo de tres meses, la solicitud de autorización de la Administración autonómica, por si "puede ser legalizable".
A pesar de esta resolución favorable, ADEGA critica "la escasa diligencia" de la agencia encargada de velar por la legalidad urbanística, porque a pesar de un "exhaustivo informe" elaborado por el Seprona, necesitó "prácticamente dos años para confirmar la actuación ilegal de Erimsa".
Por ello, la organización ecologista dijo sospechar que este informe, presentado "a última hora", sirve para "salvar la responsabilidad de la Administración y de la propia empresa ante la denuncia judicial instruida por Juzgado de Vilalba, que está pendiente de juicio".
Por otra parte, ADEGA opinó que es "indignante" que la APLU considere "que tal actividad en la Red Natura puede ser legalizable a través de un acuerdo de la Xunta de Galicia".