La Xunta estudiará si recurre ante el Tribunal Constitucional para reclamar los 805 millones de euros que reclama al Estado después de que haya concluido sin avances la reunión de la comisión bilateral, a la que han acudido dos directores generales y ningún secretario general.
Fernández Currás ha mostrado su "decepción y sorpresa" tras denunciar la inexistencia de voluntad negociadora por parte del Gobierno, que ha entendido la comisión bilateral de hoy como "una oportunidad para despejar las posibles dudas interpretativas que pudiera tener Galicia".
A juicio de la consejera, el Estado ha invitado al gobierno gallego a que acuda a los tribunales porque "entiende que la vía judicial ya está abierta" después de que Galicia "interpusiera un recurso en vía contenciosa" hace unos meses, lo que ha sido interpretado por el Ejecutivo como que Galicia "se va a mantener firme" en esa postura.
Fernández Currás también ha comentado que el Ejecutivo les ha sugerido que soliciten el anticipo del fondo de cooperación a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y ha comentado que ello ya lo han hecho en múltiples ocasiones, no sólo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sino como paso previo al recurso vía contenciosa".
Ha añadido, que "la decepción" es mayor" si se tiene en cuenta que el pasado fin de semana el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que las comunidades contarían en 2012 con 8.000 millones de euros adicionales para financiar el gasto sanitario.
En este sentido y en tono sarcástico, la consejera ha dicho que no sabe si se les invitará a que se reclamen esos 8.000 millones de euros también por vía judicial.
Fernández Currás ha defendido que la postura de la Xunta siempre ha sido negociadora, por lo que ha lamentado la invitación del Ejecutivo a continuar en la vía judicial, sobre todo cuando, a su juicio, la solución era fácil de alcanzar y sólo hacía falta "la concesión de un anticipo de tesorería que se puede acordar en cualquier momento del ejercicio presupuestario".
Fernández Currás ha vuelto a insistir en que "existen múltiples razones de inconstitucionalidad" al no transferir a Galicia los 805 millones de euros, y la primera de ellas es "la suficiencia financiera, que es básica para que una comunidad cumpla con su obligaciones de prestar los servicios públicos fundamentales a todos los ciudadanos gallegos".
La consejera, que ha mostrado su decepción porque a la comisión bilateral hayan acudido dos directores generales y ningún secretario de Estado, que ha dicho, "pueden tener otras prioridades", ha criticado la "diferencia de trato y la importancia que este tema tan capital se le está dando por una y por otra administración", en referencia al Estado y la Xunta.