El Confidencial
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José Manuel López García

MEMORIA 2010

El presidente del TSXG considera "varado" el caso Prestige y ve posible celebrar el juicio en 2012

08-07-2011 17:40:14

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXG), Miguel Ángel Cadenas, ha asegurado que el caso "Prestige" está "varado coyunturalmente", aunque aún ve posible que el juicio se pueda celebrar a lo largo de 2012.

"Es imposible saber la fecha", ha reconocido Cadenas en declaraciones a los periodistas tras presentar la memoria del año 2010 del alto tribunal gallego.

El caso "Prestige", un buque monocasco cargado con 77.033 toneladas de fueloil que naufragó el 13 de noviembre de 2002 causando la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Galicia, continúa en manos del juzgado de instrucción de Corcubión, a la espera de ser trasladado a la Audiencia Provincial de A Coruña para fijar la fecha del juicio.

Para ello, es necesario todavía recibir respuesta a las dos comisiones rogatorias remitidas a Grecia y Gran Bretaña "por trámites respecto a responsabilidades civiles", así como localizar a uno de los dos marineros -el otro tiene hasta el 2 de septiembre para presentar su escrito defensa- imputados en la causa, junto al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, y el capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras.

En el caso del otro marinero, la Interpol continúa su búsqueda y en caso de no ser localizado sería declarado en rebeldía, lo que supondría "un nuevo retraso", ha reconocido Cadenas. "El juez no puede hacer otra cosa", ha señalado el presidente del alto tribunal.

No obstante, Cadenas ha afirmado que "si se aligera" el proceso y el juzgado de Instrucción traslada el caso a la Audiencia antes de final de año ésta podría fijar en 2011 o a principios de 2012 "la fecha fija" para la celebración del juicio a lo largo del próximo año.

En este juicio, los afectados reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, de los cuales más de mil millones corresponden a personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y más de doscientos millones de euros de peticiones cursadas por Francia.





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