El Gobierno ha decidido mantener el empleo, aunque sea temporal o en prácticas,
antes de que haya más parados, por lo que ha promovido un nuevo contrato de
formación para jóvenes de hasta 30 años y ha suspendido el límite de
encadenamiento de contratos temporales para hacer fijo a un trabajador.
El
Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto ley de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y
el mantenimiento del programa para los desempleados que hayan agotado la
protección por paro y que conlleva una ayuda de 400 euros.
En la rueda de
prensa posterior al Consejo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que
en una situación como la actual lo importante es mantener el empleo y ha
afirmado que el Gobierno prefiere un trabajador "temporal a un parado".
El
Gobierno ha optado finalmente por modificar el contrato de formación y no
hacerlo con el parcial porque éste está funcionando "muy aceptablemente" durante
la crisis, según Gómez.
Ha recordado que el 15 % de los asalariados en España
trabajan a tiempo parcial, "prácticamente el doble que hace 7 u 8 años".
Por
ello, el Gobierno ha decidido hacer frente al exceso de paro juvenil ya que en
España hay 1,6 millones de desempleados menores de 30 años, y hay 300.000 de
entre 25 y 30 años sin cualificación para acceder a la formación
profesional.
Ha explicado que el nuevo contrato de formación se aplicará de
forma general entre jóvenes de 16 a 25 años y "transitoriamente", durante dos
años, entre los de 25 y 30 años y que tendrá una duración mínima de un año y un
máximo de tres.
Gómez ha subrayado que no se trata de un "contrato basura"
porque su retribución será la establecida en convenio en proporción a la
jornada, que es del 75 % de la habitual, frente al 85 % que establecía hasta
ahora para estos contratos.
Respecto a la suspensión en dos años del límite
en el encadenamiento de contratos temporales, ha insistido en que es una medida
concebida para sostener el empleo, que es de carácter temporal y no supone la
eliminación de la reforma de 2006, cuyo contenido se restaurará.
"Lo que
pretende el Gobierno es que no se destruya empleo, aunque sea temporal, que no
se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no pueden hacer
indefinidos", ha asegurado.
Respecto al FOGASA, se amplía el plazo en el que
se seguirán pagando hasta 8 días de indemnización por despidos objetivos (que
conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado).
En cuanto al fondo
de capitalización del despido (modelo austríaco) se aplaza al primer semestre de
2013, cuando se volverá a negociar con los agentes sociales.
El Gobierno
también ha prorrogado hasta el 15 de febrero de 2012 la ayuda de los 400 euros
por "justicia social", ha dicho el ministro Portavoz, José Blanco.
Los dos
sindicatos mayoritarios han criticado duramente estas medidas y mientras UGT ha
considerado que son "parciales, equivocadas y muy negativas", el secretario
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha calificado de "aberración" el nuevo
contrato de formación.
Para ambas centrales sindicales las iniciativas no dan
prioridad a la recuperación económica ni al empleo.
CEOE y CEPYME han
lamentado que no se reforme la contratación a tiempo parcial y han negado que el
nuevo contrato para la formación afronte las necesidades laborales de los
jóvenes.
Desde el PP, el portavoz económico Cristóbal Montoro, ha asegurado
que el decreto ley se ha hecho de forma "improvisada y descoordinada", y ha
añadido que no será útil para aumentar las contrataciones.
Asimismo, las dos
principales asociaciones de trabajadores autónomos, UPTA y ATA, han criticado
que el Gobierno no haya incluido medidas para fomentar el empleo de los jóvenes
emprendedores.