PARLAMENTO
Los grupos inician conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la publicación del patrimonio de los diputados
Con el objetivo de tener lista una propuesta para la próxima reunión de la junta de portavoces -dentro de 15 días-, los representantes de los tres grupos de la Cámara gallega acordaron hoy iniciar conversaciones para poder acordar un mecanismo con el que hacer accesible a la opinión pública el patrimonio, bienes y actividades de los diputados.
La iniciativa sigue la estela de la realizada en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero hay divergencias en torno al alcance que debe tener la difusión de los datos. Así, el portavoz del grupo nacionalista, Carlos Aymerich, señaló que "o mínimo inexcusable" debe ser la publicación de los datos de bienes de los parlamentarios, que ahora se entregan en la comisión del estatuto de los diputados de la Cámara.
Tanto él como sus homólogos de PSdeG y PPdeG, Abel Losada y Pedro Puy, respectivamente, consideran que lo importante es poder comprobar la evolución del patrimonio desde el momento en que se comienza a ejercer el cargo público. "O relevante é se se utilizou o exercicio do cargo para incrementar de forma sospeitosa o patrimonio", indicó Aymerich, que es partidario de que extender la medida a los altos cargos de la Xunta o de evaluar también los bienes de los cónyuges y familiares cercanos.
Sobre este último punto se mostró más reacio el portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Abel Losada, quien señaló que se trata de un "tema especialmente delicado" que debe ser analizado "con calma". "Transparencia do meu patrimonio toda; do dos meus fillos? é un tema a debatir", argumentó Losada, al tiempo que abogó por ser "razonables, sensatos e prudentes". Sobre la medida en sí, destacó que "o relevante en termos de transparencia democrática e de dignificación da actividade política é o balance, non a foto fixa".
Desde el grupo popular, Pedro Puy señaló que "o razonable é que falemos entre todos para buscar un punto de encontro", para garantizar que la medida sea "útil socialmente" pero preserve "os dereitos fundamentais". Por eso, explicó, han solicitado la ayuda de los servicios jurídicos de la Cámara. En opinión del portavoz popular, es positivo un control que "tranquilice á opinión pública" pero sin llegar a divulgar datos que podrían afectar a la seguridad de los diputados, como la matrícula de los vehículos que poseen o la dirección de sus viviendas.