Aprobada por unanimidad la Lei de Fundacións que reduce la tutela pública y aumenta su autonomía
El número de estas instituciones se duplicó en Galicia en el último cuarto de siglo
El pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la Lei de Fundacións de interese galego, que supone reducir la tutela pública e incrementar su autonomía. Así lo explicó el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, quien aseguró que el principal motivo de esta normativa es modernizar las fundaciones y "reducir os controis innecesarios". De esta manera, la tutela pública se limita "ao estrictamente imprescindible", según el conselleiro, que informó de que actualmente existen en Galicia 611 fundaciones de interés gallego, frente a las menos de 300 que había en 1983, cuando se elaboró la primera normativa reformada en 1991. La legislación aprobada este martes también refuerza la posibilidad de realizar auditorías, la rendición de cuentas y la "transparencia" de los registros. Además, implica una importante reducción de trámites y "un incremento da capacidade autoorganizativa dos padroados", según explicó Méndez Romeu. Las fundaciones de interés gallego quedan definidas como aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tengan afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general para la comunidad. Una norma ?necesaria? Durante su intervención, el conselleiro de Presidencia reconoció el trabajo realizado por el anterior Gobierno del PPdeG para la elaboración de esta ley, que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones autonómicas en 2005. Por eso, el diputado popular Xesús Palmou se mostró totalmente de acuerdo con los principios de la normativa que "é necesaria", afirmó, y "cumpre claramente os obxectivos de encauzar axeitadamente o caudal de altruismo que supoñen as fundacións". El PPdeG planteó diversas enmiendas a la redacción inicial, varias de las cuales fueron incorporadas al texto final. Entre ellas, la que recoge que las fundaciones de interés gallego, aunque tienen que desarrollar su actividad principalmente en la comunidad, "poderán establecer relacións instrumentais con terceiros en distinto ámbito territorial". Tanto la diputada del PSdeG Beatriz Sestayo, como el nacionalista Pablo González Mariñas destacaron el "equilibrio" que esta ley consigue entre el control público de las fundaciones y el respeto a su iniciativa privada y autonomía funcional. En este sentido, la ley se configura como poco intervencionista, por lo que el protectorado público que ejerce la Xunta se centra más en funciones de asesoramiento y apoyo, en detrimento de medidas de fiscalización.