Gobierno y rebeldes maoístas ponen fin a una década de conflicto armado en Nepal
Los principales guerrilleros maoístas se incorporarán al Ejecutivo interino el próximo 1 de diciembre
El Gobierno de Nepal y los rebeldes maoístas sellaron un acuerdo de paz para poner fin a una década de conflicto, que se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas, tras formalizar con sus firmas, un acuerdo de paz en Katmandú que allanará la entrada de los líderes guerrilleros en un Gobierno interino, según lo previsto. Se trata de un acto histórico, celebrado en el Centro de Convenciones Internacional Birendra, al que asistieron líderes políticos, embajadores extranjeros así como otros altos cargos y miembros de la comunidad internacional. "Con este acuerdo, el alto el fuego declarado anteriormente este año por el Gobierno y los maoístas será permanente", reza el texto que sella el acuerdo de paz duradera, ratificado hoy por el primer ministro Girija Prasad Koirala, en nombre de la coalición de siete partidos en el poder, y el líder maoísta Prachanda, cuyo auténtico nombre es Pushpa Kamal Dahal, a las 18:30 hora local. Tras la firma del acuerdo de paz, ambos comparecieron en rueda de prensa. Dicho documento, leído íntegramente antes de ser ratificado por el ministro de Interior, Krishna Prasad Sitaula, implica que, según lo estipulado en el acuerdo, los rebeldes ingresarán en el Parlamento interino para el próximo 26 de noviembre, mientras que los maoístas se incorporarán al Ejecutivo de transición para el próximo 1 de diciembre. El acuerdo "pone fin a más de una década de guerra civil en el país", confirmó Prachanda tras ratificar dicho acuerdo, que llega después de meses de negociaciones centradas en cómo desmantelar las milicias insurgentes e integrarlas en el Ejecutivo nepalí, al que auparon al poder con su apoyo en manifestaciones generalizadas en abril de 2006 contra el régimen dictatorial del monarca Gyanendra. El acuerdo consta de diez secciones principales que se desarrollan a través de los siguientes puntos: la finalización formal de la Guerra Popular Maoísta que se inició en 1996; eliminación de los derechos políticos del rey: la nacionalización de las propiedades reales bajo la supervisión del Ejército de Liberación Popular Maoísta y del Ejército nepalí, mientras que el control de sus armas serán gestionadas según lo estipulado en el pasado acuerdo suscrito entre Gobierno y rebeldes que se comprometen a no llevar a cabo ataques ni protagonizar cualquier episodio violento ni actividades ofensivas contra la otra parte además de comprometerse a la no reclutamiento de Fuerzas Armadas por ninguno de los dos bandos. En este sentido, la simple exhibición del uso de armas o munición, por cualquier persona, se convertirá en un crimen penalizado. Además, el acuerdo exige que tanto Gobierno como maoístas garanticen una asistencia mutua para mantener la paz, el respeto a la ley y el orden. En el campo de los Derechos Humanos, el acuerdo sostiene que el Alto Comisionado de la organización no gubernamental independiente Human Rights Watch en Nepal (OHCHR por su siglas en inglés) tendrá por encargo vigilar la situación de Derechos Humanos en el país. Además otro equipo de Naciones Unidas supervisará el compromiso de los contingentes militares de los rebeldes y del Ejército nepalí con los Derechos Humanos. Asimismo, el país deberá respetar la legislación internacional en materia de Derechos Humanos y las libertades civiles y se hace efectivo el compromiso de la rehabilitación e integración social de las personas desplazadas durante la década de conflicto entre ambos bandos. Por otra parte, los Gobiernos paralelos de los rebeldes maoístas (denominados por los rebeldes como Gobiernos populares), distribuidos por todo el país, deberán disolverse, mientras que se crearán una Comisión Nacional de Paz y Rehabilitación, otra Comisión de la Verdad y una Comisión de Reestructuración del Estado de alto nivel, según lo acordado. Según el acuerdo suscrito, el sistema feudal de propiedad de tierras debe suprimirse en beneficio de otro sistema de distribución de tierras basado en aspectos científicos que deberá ser adoptado en Nepal. Por otra parte, se reforzará la política punitiva contra la corrupción, incluida la confiscación de propiedades cuya titularidad haya sido obtenida por medios ilegales y fraudulentos.