ORZAMENTOS
El CES reprocha a la Xunta que recurra de nuevo a una ley de acompañamiento
El Consello Económico y Social de Galicia (CES) ha reprochado al Gobierno gallego que vaya a aprobar de nuevo una ley de acompañamiento a los presupuestos, el anteproyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, ya que se trata de una técnica legislativa "inadecuada".
El dictamen emitido hoy por el CES sostiene que el recurso a estas normativas provoca "inseguridad jurídica" por la regulación de materias distintas, al incrementar la dispersión de las normas reguladoras, lo que dificulta su localización y entendimiento por las personas sujetas a ellas.
Además, el CES apunta que esta dispersión dificulta su propio trabajo y critica que la "unión política" de esta ley a la de presupuestos obliga al trámite por el procedimiento de urgencia, "cuando una parte considerable de las disposiciones recogidas en el mismo no parecen requerirlo".
El dictamen del CES lamenta la ausencia en la documentación remitida por la Xunta del informe "existente" de la Asesoría Xurídica Xeral y apunta que la ausencia de observaciones en algunos puntos "no implica necesariamente la conformidad con el contenido".
En cualquier caso, el organismo valora que se haya remitido esta norma para que el CES la informe, un trámite que "fue eludido" el pasado año.
Critica la "falta de oportunidad" en la introducción generalizada de nuevas cargas económicas a la ciudadanía y al tejido empresarial, ya que el proyecto de ley prevé la introducción de "nuevas tasas y la modificación al alza de otras".
Por este motivo, el organismo consultor pide que se elimine la tasa de 10 euros por la reposición de la tarjeta sanitaria, como prevé la ley, ya que es una cantidad "exagerada", porque la tarjeta es un elemento imprescindible para recibir asistencia.
El CES también argumenta que en la exposición de motivos la explicación de la finalidad de la ley resulta, en algún aspecto de la regulación, "lacónica y carente de motivación".
El anteproyecto de ley de acompañamiento prevé derogar la ley de protección contra la contaminación acústica, estableciendo un plazo máximo de un año para la aprobación de un decreto en el que se adapte la normativa europea y estatal básica.
El dictamen del CES asegura que el mero compromiso de adoptar un decreto "podría impedir" salvaguardar en la comunidad el principio de legalidad en la tipificación de infracciones y la regulación de las sanciones a las actividades generadoras de contaminación acústica.