Caride reconoce que no hay "corrupción generalizada" en urbanismo, pero sí muchos planes que no cumplen los requisitos

El PPdeG la acusa de "lavarse as mans" en el caso de Porto do Son

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, aseguró que la Xunta no pretende dar una imagen de "corrupción xeralizada" en Galicia son sus "Medidas Urxentes para a Protección do Litoral", pero que constató que sí existen muchos planes urbanísticos que "non cumplen os requisitos mínimos" establecidos por la ley. En respuesta a una pregunta oral del PPdeG en el pleno, manifestó que "ao amparo duns planeamentos obsoletos", que deberían haber estado adaptados a la vigente Lei do Solo antes del 1 de enero de este año, se están realizando actuaciones urbanísticas, especialmente en el litoral, que no son las adecuadas. Por eso, advirtió de que si no se motiva y obliga a los concellos a adaptarse a la normativa "estaríamos espallando un modelo urbanístico polo territorio que non é o que desexamos". Añadió que como no se ponga cuidado en proteger sobre todo el litoral "chegaremos tarde". La diputada del PPdeG Pilar Rojo recriminó a la Xunta la imagen que está dando del urbanismo de Galicia y aseguró que "non existe corrupción xeralizada, senón corruptos con nomes a apelidos". En su pregunta en el pleno, planteó el caso concreto del concejal socialista de Urbanismo de Porto do Son, Manuel Vázquez, investigado por la Fiscalía por presunto delito urbanístico. Caso de Porto do Son Rojo reclamó a Caride que haga "unha política de país e non partidista" a nivel urbanístico, porque considera que "se lavou as mans" en el caso de Porto do Son. La conselleira manifestó su satisfacción porque el PPdeG "agora si esté disposto a mirar para outro lado" en materia de urbanismo y apueste por un país con futuro. Con respecto a Porto do Son aseguró que su departamento no tiene competencias sobre "actuacións particulares" como la supuesta compra de fincas por parte de Manuel Vázquez para su posterior recalificación, y recordó que este concejal ya "cesou nas súas funcións". Explicó que a la hora de tramitar un planeamiento "non sabemos quenes son os propietarios dos terreos" y es la Fiscalía la que debe de actuar si ve indicios de delito. Por parte de la Xunta, dijo que "exercemos base a información transparente, non privilexiada" e intentando que no se extiendan "as desfeitas" en el litoral.